La Cámara alta acompañó el paquete fiscal en general, pero el oficialismo perdió los capítulos de Ganancias y Bienes Personales.
El Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley ómnibus con 37 votos afirmativos y 35 negativos e inició la votación en particular en la madrugada de este jueves. En la discusión del articulado, se rechazaron la restitución de la cuarta categoría de Ganancias y las modificaciones de Bienes Personales. En Diputados se definirá la aceptación o el rechazo.
Debate por títulos
En primer término, Javier Milei logró que en la votación en particular, el Senado apruebe los dos primeros títulos del proyecto: la declaración de emergencia, que habilita las facultades delegadas al presidente, y la reforma del Estado, que abre una amplia gama de temas, como intervenir organismos, privatizar empresas públicas, cambiar el régimen de empleo público y los cambios al modelo de procedimiento administrativo.
El título tercero, de contratos y acuerdos transaccionales, fue uno de los que tuvo 37 votos a favor, por la adhesión del radical Martín Lousteau al oficialismo. En el apartado siguiente, sobre la promoción del empleo registrado, el economista protagonizó un momento insólito al pedir cambios que no fueron concedidos, pero votó a favor igual.
El capítulo de modernización laboral fue aprobado con 37 a favor. La única derrota del gobierno se dio en el artículo 96, que deroga el estatuto del viajante. El capítulo sexto, de promoción energética, también se aprobó 37 a 33.
El Registro de Incentivo a los Grandes Inversores (RIGI) fue aprobado con 38 votos, por el aporte de tres miembros de Unión por la Patria: Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moises (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán). Los primeros dos se deben a los proyectos mineros, mientras que la tucumana responde al gobernador Osvaldo Jaldo, que ha manifestado su apoyo a Milei.
Lousteau intentó sin éxito eliminar este capítulo. “Esta ley la escribieron abogados de las grandes empresas y no la defiende nadie. Sólo los que serán beneficiados”, cuestionó.
La restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias fue rechazada por 41 votos negativos contra 31 positivos. Al oficialismo no le alcanzó con la exención del 22% dispuesta para las provincias de la Patagonia. El proyecto original de Milei proponía restituir el impuesto para los sueldos superiores a $1,8 millones para los solteros y de $2,2 millones para los casados, y era un pedido especial de gobernadores de Juntos por el Cambio. Y buscaba aumentar a $3.091.035 el concepto de ganancias no imponibles, también las cargas de familia.
En la votación en particular, la sorpresa la dio Bienes Personales. Tras aprobar por unanimidad el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, más el blanqueo de capitales, el título de Bienes Personales del dictamen de mayoría fue rechazado con 37 votos contra 35 positivos.
El texto que la Cámara alta había aprobado en general proponía subir el límite para el pago del impuesto a los Bienes Personales de $27 millones a $100 millones, además de una baja de alícuotas a un rango que va del 0,5% a 1,5% (hoy llega al 1,75%). También eliminaban las diferencias entre bienes locales y en el exterior, que hoy pagan una alícuota que llega al 2,25%, además de un programa de beneficios para pagos adelantados que aspiraba a sumar recaudación en el corto plazo. Fue rechazado en la votación en particular todo el capítulo.
El Senado también votó en contra del artículo 100 del paquete fiscal que preveía la prórroga del denominado Monotributo Social. Esa norma, que no estaba incluida en el proyecto original y había sido agregada durante la discusión en Diputados, promovía la continuidad de beneficios para sectores de la economía popular que podían facturar por sus actividades comerciales abonando una mensualidad menor que el resto de los monotributistas.
El texto que había sido aprobado por Diputados eliminaba el monotributo social. Esta categoría fue creada para promover la formalización de los sectores de menores ingresos permitiéndoles facturar y acceder a ciertos derechos afrontando un pago mínimo de $3.200. Son algo más de 600.000 trabajadores que facturan menos de $175.000 mensuales. Si este proyecto era aprobado, pasarían a abonar $26.600: 8 veces más. Un incremento muy oneroso para un sector vulnerable que lo condenaría a recurrir a la informalidad.
Para el resto de los monotributistas, se incrementaban las escalas de facturación, pero también los importes a pagar por mes: para la categoría A, el aumento del impuesto integrado sería de 119%.
Además, se incrementaban los topes de facturación hasta un 300%; se agregaban tres nuevas categorías para prestadores de servicios, permitiendo facturar hasta $68 millones anualmente, y se eliminaba la excepción de ingresar el impuesto integrado para las categorías A y B.
Con información de agencias, Letra P y elDiarioAR. Foto: NA.
