Un nuevo informe con datos de 2023 publicado por la UCA revela que la indigencia en ese rango etario llegó al 16,2%. Por otro lado, la pobreza multidimensional que mide el Observatorio de esa universidad reduce el porcentaje al 56,3%.
El Barómetro de la Deuda Social de la Infancia del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) publicó el documento de investigación Trazando el Camino: Privaciones Estructurales, Avances y Desafíos en los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Argentina 2010-2023.
Según el informe, a finales de la gestión del peronista Alberto Fernández el 62,9% de los niños y adolescentes vivía en condición de pobreza y el 16,2% en situación de indigencia, medido por el volumen de ingresos. No obstante, si se analizan otros indicadores sociales, el porcentaje se reduce a 56,3%.
Los datos refieren a 2023 y, dado el deterioro de la economía argentina durante los primeros siete meses del año, se puede inferir que la situación se agudizó en 2024.
“Esta es la cifra más alta desde el 2010”, afirma el estudio del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, y agrega: “Desde el 2020, las transferencias de ingresos no contributivas, entre la que se encuentra la Asignación Universal por Hijo (AUH), alcanzaron a más del 44% de los niños/as y adolescentes”.
El informe detalla: “Desde 2011 hasta 2023, se observa un aumento constante en la proporción de hogares y personas con dificultades para acceder a una canasta básica alimentaria o total, con un incremento más pronunciado en la pobreza. El esfuerzo de los hogares y la cobertura de las políticas públicas han tenido un papel crucial en la mitigación de la pobreza, pero persisten desafíos estructurales en la economía que requieren atención, y que ejercen un fuerte impacto en las estructuras de oportunidades de los hogares y sus miembros niños, niñas y adolescentes”.
“El impacto de la pandemia por COVID-19 fue significativo y regresivo en muchas otras dimensiones como salud, educación, crianza, y socialización, y si bien fue difícil la reversión en los primeros años de la postpandemia, en 2023, se retorna más claramente a situaciones previas que, aunque están lejos de expresar situaciones de bienestar y efectivo cumplimiento de derechos representan mejoras relativas destacadas en algunos casos, aunque en el marco de persistentes desigualdades sociales”, contextualizaron desde el Observatorio.
La institución evalúa la situación social y realiza una medición multidimensional donde añade otros aspectos a las necesidades básicas y en ese caso se reduce el porcentaje de pobreza a 56,3%.
“Pobreza multidimensional”
El documento ofrece una evaluación y monitoreo de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la Argentina urbana durante los últimos trece años. Resalta que los enfoques monetarios de medición de pobreza basados en los ingresos de los hogares pueden ser cuestionados como indicador del bienestar especialmente cuando se trata de la infancia. Esto se debe a que hay privaciones que no son visibles mediante la estructura de ingresos o gastos de los hogares.
En el marco de los estudios del Barómetro, se ha construido un índice de pobreza multidimensional que establece un doble umbral de carencias, uno total y otro severo. Con tal propósito, se seleccionan seis dimensiones de derechos: alimentación, saneamiento, vivienda, salud, información y estimulación/educación.
El estudio obtuvo que el 56,3% fue pobre multidimensional en 2023 según el umbral total. Es decir, más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes del país sufren al menos una privación de las mencionadas.
Por otro lado, el 16,1% padece pobreza multidimensional en niveles severos, proporción tan alarmante como la de indigencia monetaria infantil (16,2%). “Estos números eran aún más elevados al inicio del periodo analizado (2010). En este sentido, estamos en presencia de mejoras, particularmente en la pobreza multidimensional medida de acuerdo con el umbral severo. Esto es debido a los avances en indicadores del hábitat como el hacinamiento y la calidad de la vivienda y en materia de escolarización”, resumen.
Derecho a la alimentación
El informe arroja -siempre con datos del último trimestre de 2023- una inseguridad alimentaria del 32,2% entre niños, niñas y adolescentes. Es decir, no pueden acceder a alimentos nutritivos y variados por limitaciones económicas. Este índice está muy relacionado con el nivel socioeconómico: casi uno de cada dos menores pobres lo manifiesta al tiempo que entre los no pobres la incidencia no alcanza el 10%.
Entre 2010 y 2017, la inseguridad alimentaria ha permanecido estable en alrededor del 20% y luego ha pegado un salto importante en 2018 para alcanzar el tercio de la población infantil. Desde entonces, no ha bajado de esa cifra y tuvo un pico de 37,2% en 2020 en el contexto de la pandemia COVID-19 y el ASPO.
Los que sufren inseguridad alimentaria en términos severos representan el 13,9% en 2023. Estos declaran haber experimentado “hambre” por problemas económicos.
“Los programas alimentarios de transferencia de ingresos son esenciales para ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades alimentarias básicas y garantizar este derecho tanto a corto como a mediano plazo. En 2023, estos programas alcanzaron una cobertura del 60,5% de la población infantil. Debido a los altos niveles de inflación y al bajo poder adquisitivo de los salarios es necesario mejorar la eficacia, cantidad y calidad de las ayudas directas e indirectas, especialmente en los sectores más vulnerables de donde la pobreza infantil tiene una mayor prevalencia”, plantea el estudio.
Otras dimensiones
Respecto de la salud, el 55,8% de la población en estudio no cuenta con obra social, mutual ni prepaga, por lo que dependen exclusivamente del sistema estatal de salud para recibir atención médica.
En tanto, el 39,5% no vive en un hábitat digno con los servicios básicos como agua potable, cloacas o descarga en el inodoro.
En otro orden, “dentro de los que tienen entre 5 y 17 años, el 17,8% no accede a Internet, el 24,4% no lo usa, el 51,1% no tiene celular y el 54,7% vive en hogares sin computadora”.
El informe también señala que el 23% de los niños y niñas de 3 a 5 años se encuentran no escolarizados. “La inasistencia a establecimientos de educación inicial es siempre más alta que la no concurrencia a la escuela primaria y secundaria”, explicaron.
La Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) contiene información del trabajo infantil en actividades domésticas intensivas y en el mercado. Si se tienen en consideración estas dos medidas, la estadística señala que el 13,7% realizó al menos una de las dos en 2023. De forma separada, el 5,2% participó de tareas domésticas y 9,5% en actividades económicas.
El indicador que mide propensión a realizar actividades domésticas intensivas en niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años incide más en las mujeres que en los hombres, mientras que el que mide propensión al trabajo en actividades económicas tiene más incidencia en varones. Además, ambos tienen más frecuencia entre adolescentes que en niños y niñas en edad de cursar el preescolar o el colegio primario.
Fuente: Barómetro de la Deuda Social de la Infancia (ODSA-UCA). Foto: NA
