Un proyecto de resolución presentado por el diputado Carlos del Frade exige que los directivos de las empresas expliquen qué medidas van a tomar respecto de la firma agroindustrial. Peligran miles de puestos de trabajo.
El diputado provincial Carlos del Frade ingresó un proyecto de Resolución “para que los presidentes de ACA, Viterra y Bunge se presenten en la Legislatura de Santa Fe a fin de explicar qué van a hacer con respecto a Vicentin”.
Para el legislador del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), los directivos “durante años se definieron como los interesados estratégicos en la continuidad del consorcio surgido en el norte profundo de la provincia y ahora es vital que lo manifiesten de manera concreta ante la angustia de las familias trabajadoras”.
“Lock out” en Vicentin
La empresa anunció el cierre de dos plantas y peligran más de mil puestos de trabajo. Se trata de las instalaciones de la empresa agroindustrial ubicadas en Avellaneda y Ricardone, ambas en el norte de Santa Fe.
Cuando aún no abonó los salarios de febrero, la compañía Vicentin cerró en forma temporal dos de sus plantas, por la caída de contratos. “En este momento se impone la protección de los activos, lo que permitirá un rápido arranque cuando esto sea factible”, indicaron en un comunicado.
“Ante la imposibilidad de obtener contratos de fazón en tiempo oportuno para cumplir regularmente con los compromisos de la sociedad, y en espera de poder revertir la situación una vez que la incertidumbre del proceso judicial sea resuelta, se ha decidido ayer proceder al cierre seguro de todas las plantas en operación (Ricardone y Avellaneda)”, señalaron.
El freno de estas operacionas amenaza a más de 1.000 empleados directos y a otros 3.000 puestos indirectos que están vinculados a la cadena productiva del complejo oleaginoso. El gremio aceitero ya está en alerta máxima y anticipó que, si no se paga lo adeudado en los próximos días, se podrían activar medidas de fuerza.
Cabe recordar que la justicia de Rosario ordenó la semana pasada la prisión preventiva de cuatro exejecutivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. Los imputados enfrentan cargos por asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta, en un caso que involucra aproximadamente u$s600 millones. Según la investigación, habrían falsificado balances, simulado operaciones comerciales y desviado fondos de manera sistemática, incluso durante el proceso de concurso de la empresa.
