Un gremio de prensa manifestó su disconformidad por la redacción final que en el texto de la nueva Carta Magna se dio a los artículos referidos a esos temas. “No estuvo a la altura de las demandas de una democracia moderna y plural. Se perdió una oportunidad histórica”, afirmaron.
El Sindicato de Prensa de Rosario (SPR) expresó su disconformidad por la redacción final que en el texto de la nueva Constitución provincial se dio a los artículos 16 y 17 referidos a distintos aspectos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información. “Esa redacción contempló sólo algunos puntos, o lo hizo de manera parcial, respecto de la propuesta amplia, pluralista y abarcativa realizada por numerosas organizaciones sindicales, académicas y por radios comunitarias ante la Comisión de Declaración, Derechos y Garantías encargada de la redacción”, afirman.
Los artículos 16 y 17 se ocupan de los enunciados en la materia que antes reunía el artículo 11. En el primero, se consagra la libertad de pensamiento y que cada persona pueda expresar ideas sin censura previa, pero -advierten- condiciona la correspondencia de responsabilidades ulteriores al genérico e indeterminado concepto del interés general que puede ser la base de regulación contraria a la libertad de expresión.
Además, el texto omite condenar explícitamente la violencia discursiva, los discursos de odio, la discriminación y la difusión de información falsa. En cuanto a la actividad periodística, se la protege apelando a una “ética” mencionada de forma vaga. Desde el SPR recordaron que, desde 2007, los trabajadores de prensa cuentan con una Declaración de Principios sobre Ética Periodística, elaborada colectivamente y plenamente vigente.
“Si bien la Constitución provincial aprobada incorpora el secreto profesional periodístico y el derecho de acceso a la información pública –respecto del que habría que haber sumado la expresión en cuanto a que el trámite podría cumplirse de manera gratuita y sin restricciones-, no se incluyeron la responsabilidad provincial respecto del sostenimiento de los medios públicos ni del fomento de los medios privados sin fines de lucro, tal como se proponía, en tanto resulta vergonzoso el silencio sobre la distribución de la pauta oficial de manera transparente y equitativa”, manifestaron desde el gremio.
Para garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión —en su dimensión individual y colectiva, explicaron— y el derecho a la información, se necesitan políticas públicas activas. “Sin embargo, el texto aprobado dejó de lado aspectos fundamentales como la prohibición de monopolios y oligopolios mediáticos, tanto públicos como privados, y cualquier forma de concentración en la propiedad de los medios. También se ignoró el principio de que el Estado provincial debe garantizar el derecho a la conectividad en todo su territorio”, señalaron.
“En definitiva, la reforma constitucional no estuvo a la altura de las demandas de una democracia moderna y plural. Se perdió una oportunidad histórica de consagrar principios robustos en defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información, optando en cambio por formulaciones incompletas, desequilibradas y alejadas de los estándares internacionales de derechos humanos y de las propuestas surgidas desde amplios sectores de la sociedad santafesina”, concluyeron en un escrito titulado bajo la síntesis “Una pobre reforma para la libertad de expresión y el derecho a la información”.
