“El caso de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo revela la necesidad de fortalecer los controles en toda la cadena de producción y distribución de medicamentos, alimentos y tecnología médica. La desregulación y vaciamiento de las estructuras estatales de salud deja a este derecho subordinado a intereses económicos”, manifestaron desde el sindicato de profesionales de la sanidad de Santa Fe.
Luego del fallecimiento de varias personas que cursaban internaciones en distintos efectores del país, incluida Santa Fe, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución de medicamentos que habrían provocado las muertes.
“El caso de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo revela la necesidad de fortalecer los controles en toda la cadena de producción y distribución de medicamentos, alimentos y tecnología médica. La desregulación y vaciamiento de las estructuras estatales de salud deja a este derecho subordinado a intereses económicos que priorizan las ganancias por encima, entre otras cosas, de la seguridad de las personas”, plantearon desde el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus).
El sindicato de los profesionales de la salud de Santa Fe remarcó: “Consideramos a los medicamentos como bien social y señalamos que la industria farmacéutica ha incrementado sus ganancias en forma exponencial mientras el gasto en medicamentos es cada vez más difícil de afrontar para la población y para los sistemas de salud”.
Desde Siprus reivindicaron “un Estado fuerte que ejerza sus funciones indelegables en la regulación, fiscalización, control y sanciones que garanticen la seguridad, la salud y la vida” de la población. Además, insistieron en la “importancia estratégica de la producción pública de medicamentos”.
“Sólo un Estado con una regulación estricta, un control efectivo y una acción decidida puede garantizar que la salud de la población no esté en peligro por prácticas negligentes del sector farmacéutico”, concluyeron.
