El Gobierno de Santa Fe oficializó aumentos en la obra social. La suba será de hasta el 30% del aporte. Desde Amsafe rechazaron la medida: “Otro golpe al bolsillo en plena crisis”.
El Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) oficializó una actualización en el valor del Servicio Complementario, que comenzará a regir a partir de mayo de 2025 para los afiliados activos y desde junio de 2025 para los pasivos.
La medida fue dispuesta mediante la Disposición General N.º 023/2025, que deja sin efecto la normativa vigente desde 2017 y establece un nuevo régimen de aportes obligatorios, con incrementos significativos.
Según detalla la disposición, el nuevo esquema fija un aporte base de $20.000 y establece una escala porcentual en relación con los aportes que realiza cada afiliado a la obra social, de acuerdo con la composición de su grupo familiar:
- Afiliado titular sin grupo familiar a cargo: aportará el 20% de lo que destina mensualmente a la obra social.
- Afiliado titular con un integrante a cargo: el porcentaje asciende al 25%.
- Afiliado titular con dos o más integrantes: el aporte será del 30%.
En el caso de los afiliados voluntarios, afiliados por Sistema Abierto o pertenecientes a organismos adheridos, el valor del aporte será fijo: $25.000 por persona.
El documento también establece que, a partir de julio de 2025, la escala de valores se actualizará automáticamente conforme al porcentaje de incremento salarial que determine el Poder Ejecutivo Provincial mediante decreto, aplicando un redondeo ascendente y sin considerar centavos.
El Servicio Complementario comprende un conjunto de prestaciones no críticas ni universales, que requieren del pago adicional por parte del afiliado para su acceso. La actualización del régimen responde, según el texto oficial, a la necesidad de “recomponer la cobertura y su valor” frente a los costos crecientes del sector salud y a “la evolución de los precios en función de la variación del tipo de cambio”.
Desde el organismo provincial se argumenta que el nuevo esquema “instaura un criterio de mayor igualdad entre los afiliados”, considerando la composición del grupo familiar, y que busca garantizar la sustentabilidad del sistema y mejorar la calidad de atención.
Finalmente, la disposición subraya que el valor anterior “había quedado desactualizado” y resultaba “insuficiente” con relación a las prestaciones incluidas en el servicio, que abarcan desde prótesis odontológicas hasta subsidios por sepelio, alquiler de elementos ortopédicos y coberturas especiales como bombas de insulina, sensores de glucosa y telemedicina programada.
“Otro golpe al bolsillo en plena crisis”
El gremio de la docencia de las escuelas públicas fue el primero en rechazar la disposición del Gobierno provincial. “La medida implica incrementos de hasta el 30% sobre el aporte mensual a la obra social, en un contexto de creciente deterioro del poder adquisitivo y pérdida salarial frente a la inflación”, plantearon en un comunicado desde Amsafe.
“Desde Amsafe señalamos que esta decisión representa otro golpe directo al bolsillo de las y los trabajadores de la educación, que ya vienen soportando recortes, ajustes y una alarmante precarización en el acceso a la salud”, indicaron.
El escrito afirma que “resulta inadmisible que, en lugar de garantizar el derecho a la salud, el Estado transfiera más costos a los trabajadores con subas desproporcionadas, mientras continúa el cobro de plus, la falta de pediatría, cardiología, la suspensión de prácticas médicas y otras deficiencias gravísimas en el sistema de atención”.
Por otro lado, el gremio también cuestionó la falta de participación de los propios aportantes de la obra social. “Subrayamos que la medida se toma sin ninguna instancia de consulta con los afiliados, lo que evidencia la necesidad urgente de democratizar Iapos y permitir la participación de las y los trabajadores en su conducción”, afirmaron.
Amsafe, además, alertó sobre el contexto económico “crítico” en el que se tomó la medida. “Salarios docentes depreciados.Tarifas de servicios con aumentos desproporcionados y alquileres en alza. Inflación creciente. Ninguna recomposición salarial acorde a la canasta básica”, enumeraron.
Por último, el gremio docente exigió que se retrotraiga el aumento y que “el Estado asuma su responsabilidad de garantizar el acceso a la salud como un derecho y no como un privilegio para quienes pueden pagar más”.
