El Gobierno provincial recurrió a la máxima instancia del Poder Judicial para reclamar por la deuda de Anses con la Caja de Jubilaciones. El recurso solicita que se repongan los anticipos mensuales automáticos y denuncia la inconstitucionalidad del decreto que suspendió esos pagos.
La Provincia interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para que el Gobierno nacional restablezca los anticipos mensuales automáticos que hacía la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con la Caja de Jubilaciones de los estatales de Santa Fe.
La gestión de Maximiliano Pullaro, a través de la vía judicial, cuestiona la constitucionalidad del artículo 18 del decreto 280/2024 del gobierno de Javier Milei, que dispuso de manera “inconsulta e intempestiva” el cese de esos pagos. Además exige que se establezca una medida cautelar “que reponga esas transferencias con las que Nación debe cumplir, por acuerdos que datan desde hace más de tres décadas entre el Estado federal y las provincias que no transfirieron sus cajas”.
Desde el Gobierno santafesino recordaron que en la década de 1990 Nación redujo el envío de recursos coparticipables a las provincias y a cambio se hizo cargo de cajas de jubilaciones provinciales. Pero hubo provincias, entre ellas Santa Fe, que no cedieron sus cajas, aunque de todos modos se vieron afectadas por la reducción presupuestaria. Los acuerdos firmados para equilibrar cuentas y compensar lo que las provincias perdían, establecieron que Nación cubriera los déficits de las cajas no transferidas.
Los recurrentes incumplimientos de Nación con Santa Fe terminaron judicializándose. Según la gestión provincial, la deuda global con la Caja de Jubilaciones se estima en $700.000 millones. En esa cifra se incluye lo que la Provincia dejó de percibir por pagos que desde 2020 Nación realizaba, pero bajo estimaciones de ejercicios anteriores y por lo tanto iban desacoplados de valores actualizados.
A todo ese cuadro perjudicial para Santa Fe, se sumó el decreto 280/2024 de la actual gestión nacional, que dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la ley de presupuesto 2023. Allí se establecía que Anses “transferirá antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas” y que cada anticipo mensual debe realizarse de acuerdo a “las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa)”.
Jubilaciones provinciales en riesgo
Desde el Gobierno de Santa Fe afirman que ese corte abrupto de transferencias ha ocasionado una deuda de casi 70.000 millones de pesos de enero a junio. La gestión presentó las cifras que dan cuenta del monto: en enero, dejó de percibir $8.711.439.249; en febrero, $8.711.439.249; en marzo, $11.079.208.437; en abril, $12.464.109.491; mayo ($13.847.625.645) y junio ($15.070.370.989).
“A los fines de cubrir el importe que el Gobierno Nacional debería realizar como anticipos por $69.884 millones de pesos, el Tesoro Provincial ha debido menguar las partidas disponibles para atender áreas críticas como Salud, Seguridad, Educación, entre otras”, se indica en el recurso interpuesto ante la Corte. “A ello cabe agregar lo determinado en el Informe de la Caja, en cuanto se detalla que los montos requeridos para cubrir el presupuesto previsional se incrementan mes a mes, requiriéndose cada vez más fondos públicos para hacerle frente”, agrega el texto de la demanda.
Cabe consignar que de acuerdo a los últimos datos oficiales publicados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, en noviembre del año pasado había en la provincia 100.356 beneficiarios, de los cuales 76.425 son jubilaciones y 23.931 pensiones. Se incluyen allí todos los empleados estatales, desde policías, docentes, administrativos, a ex magistrados provinciales o ex ministros de la Corte provincial.
“La ausencia de fondos por ya medio año, sin ninguna previsión de restablecimiento de estos, más el incremento mensual de las necesidades financieras de la caja, más el objetivo contexto de emergencia de la provincia, determinan una situación que exige, necesariamente, una medida urgente que permita hacer frente a las necesidades previsionales. Es decir, no se trata aquí de cubrir gastos suntuosos e innecesarios, sino de cumplir con los haberes de jubilados”, advierte el recurso interpuesto por la Provincia ante el máximo organismo judicial de la Nación.
¿Reunión infructuosa o estrategia consensuada?
La noticia de la presentación ante el máximo órgano judicial se dio a conocer pasados apenas unos días de la reunión del gobernador Pullaro con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. El jueves 1 de agosto, el titular de la Casa Gris y varios de sus ministros se reunieron en Buenos Aires con el funcionario para -según los partes oficiales- “avanzar en la deuda que Nación tiene con la Provincia”.
“Fue una reunión muy importante, a la que trajimos temas trascendentales que tienen que ver con el desarrollo que necesitamos en este momento, pero también con la deuda que tiene Nación con nuestra provincia. Dialogamos mucho sobre la deuda que hay sobre la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe y las diferentes salidas posibles para poder resolver este conflicto que lleva mucho tiempo”, contó Pullaro ese mismo jueves.
Por el momento, no se conocieron mayores detalles de la demanda que llevó el gobernador santafesino y cuáles fueron las “salidas posibles” que se pusieron sobre la mesa, el único dato es que pasaron pocas horas de aquel encuentro y la Casa Gris comunicó la estrategia judicial para exigir la deuda de Nación.
