La Junta Militar que tomó el poder en 1976 se propuso una “reorganización” estructural del país—económica, social, política y cultural—, proyecto que ejecutaron mediante una represión de una escala sin precedentes. Este 24 de marzo, aquel golpe de Estado cumple medio siglo, distancia que obliga a plantear ciertas preguntas que podrían sintetizarse en una sola: ¿La dictadura es cosa del pasado?
Este 24 de marzo se cumplen 50 años del último golpe de Estado de la historia argentina. La conmemoración es especial, no sólo porque se trata de una fecha que marcó un antes y un después, sino que completa el mayor ciclo en la vida democrática del país. Entre 1930 y 1983, el poder castrense formó parte del paisaje político nacional, que fue alternando durante décadas entre gobiernos civiles y militares. Sin embargo, la última dictadura se propuso una “reorganización” estructural —económica, social, política y cultural—, proyecto que ejecutaron mediante una represión de una escala sin precedentes.
Tras varios meses de rumores y especulaciones, en las primeras horas del 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas dieron el golpe de Estado. La Junta Militar, integrada por los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, destituyó sin dificultades a la presidenta María Estela “Isabel” Martínez de Perón, tomó el poder y lanzó su primera proclama por radio y televisión.
Más allá de la crisis que supuestamente solucionarían, desde el propio nombre elegido por los dictadores para el nuevo régimen —Proceso de Reorganización Nacional— se expusieron sus verdaderas intenciones. El principal argumento para la toma del poder fue la lucha contra la guerrilla (que, como sostienen todos los trabajos serios y documentados, para la época estaba bastante desarticulada), sin embargo los objetivos eran mucho más amplios: el gobierno de facto buscaba sentar las bases para un profundo cambio en el modelo de país.
En el acto de asunción de la Junta Militar, que designó como presidente de la Nación al comandante en jefe del Ejército, el teniente general Jorge Rafel Videla, se dieron a conocer los “documentos básicos”, donde se enunciaban los propósitos y objetivos del gobierno dictatorial. “Restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción integral del Estado, enfatizando el sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia, imprescindibles para reconstituir el contenido e imagen de la Nación, erradicar la subversión y promover el desarrollo económico de la vida nacional basado en el equilibrio y participación responsable de los distintos sectores a fin de asegurar la posterior instauración de una democracia representativa y federal, adecuada a la realidad y exigencias de solución y progreso del Pueblo Argentino”, decían los primeros postulados.
Los segundos —tal como cita la historiadora Gabriela Águila en su libro Historia de la última dictadura militar— incluían todos los elementos propios de un programa liberalconservador, con invocaciones a los valores de “la moral cristiana, la tradición nacional y la dignidad del ser argentino”, la seguridad nacional, el orden jurídico, el bienestar general y hasta la justicia social.
Para llevar a cabo ese proceso “refundacional” y modificar los cimientos del modelo político y económico, la dictadura utilizó al terrorismo de Estado para disciplinar a la clase trabajadora —sus referentes, organizaciones y experiencias— que disputaba el poder. El Tucumanazo, el Cordobazo, los Rosariazos, el Villazo; el sindicalismo de base y antiburocrático; las movilizaciones populares e, incluso, las manifestaciones culturales contestatarias eran muestras de un actor que se imponía en la política nacional.
La herramienta principal para ese disciplinamiento fue un plan sistemático de represión que incluyó secuestros, torturas, violaciones, asesinatos, lanzamiento de cuerpos desde aviones, entre tantos otros crímenes de lesa humanidad que se cometieron principalmente dentro de la red de centros clandestinos de detención montados por la dictadura (hubo entre 600 y 800, según los parámetros que se tomen, un tema aún en debate). Las desapariciones y el robo de bebés fueron las modalidades que más impactaron por su violencia y perversidad. Pero también hubo otras formas de represión menos visibles —censura, autocensura, persecusión, cesantías— que crearon un clima de vigilancia y asfixia social y cultural.
Como saldo humano, la dictadura dejó miles de asesinados y desaparecidos, cientos de bebés apropiados o nacidos en cautiverio a quienes se les ocultó su verdadera identidad, otras miles de víctimas sobrevivientes; familias desmembradas, una sociedad partida y, tal como se lo propusieron, una clase obrera diezmada junto a sus delegados y referentes sindicales, políticos e intelectuales.
Por otro lado, la Junta Militar y sus socios civiles lograron imponer un modelo económico que marcaría las cinco décadas que le siguieron. Desde el gobierno de Videla, e inicialmente bajo la conducción económica del ministro José Alfredo Martínez de Hoz, se llevó adelante un proceso de desindustrialización, privatizaciones, apertura económica y especulación financiera que multiplicaron la deuda externa argentina, empeorando todos los indicadores económicos y sociales (cierre de numerosas empresas y comercios, caída del salario real en un 40%; mayor regresión en la distribución de los ingresos; más desempleo y trabajo irregular; aumento de la pobreza y la desigualdad) . También incorporaron un corpus pseudo legal de cientos de leyes, muchas de ellas aún vigentes.
“La nueva dictadura contó con el apoyo activo del sector financiero y empresarial casi sin fisuras, de los Estados Unidos y el FMI, de la Iglesia y de los principales medios de comunicación. También recibió el apoyo pasivo de buena parte de la población, harta del escenario cotidiano de violencia política y crisis económica, y que creyó que los militares traerían el ansiado regreso al orden”, explica el historiador Ezequiel Adamovsky.
¿Pasado o presente?
Este 24 de marzo, aquel último golpe de Estado cumple medio siglo. Esta distancia obliga a plantear ciertas preguntas que podrían sintetizarse en una sola: ¿La dictadura es cosa del pasado? Una respuesta rápida sugiere que no, que aquella tragedia dejó huellas y heridas muy profundas que siguen abiertas.
En primer lugar, los juicios por delitos de lesa humanidad que Argentina llevó adelante son un ejemplo para el mundo y para los países de la región que no impulsaron nada semejante —aunque la represión argentina fue la más feroz también, vale aclarar—. Desde la reapertura de las causas, hubo 361 sentencias y 1.231 personas condenadas (250 fueron absueltas). En la actualidad, de 504 personas que se encuentran detenidas por crímenes de lesa humanidad, 385 gozan de prisión domiciliaria. Además, hay 11 juicios en curso y casi 300 causas en etapa de investigación. Recientemente, el abogado querellante Pablo Llonto aportó un primer listado con nombres, apodos y descripción física de 350 represores que participaron de esos crímenes y que todavía no habrían sido indagados, a pesar de las pruebas acumuladas en su contra.
Un hecho muy importante fue la desaparición del testigo Jorge Julio López en 2006, cuando reiniciaba este proceso de enjuiciamiento de los represores. López fue desaparecido por segunda vez precisamente como una advertencia para quienes quieran aportar su testimonio. La estrategia del miedo y el terror aplicada bajo gobiernos democráticos.
En paralelo, continúan los trabajos de búsqueda de alrededor de unas 350 personas que fueron robadas cuando eran bebés (hasta el momento fueron identificados 140 “nietos”). Al mismo tiempo, la identificación de los “desaparecidos” es una tarea constante: en los últimos días, por ejemplo, el Equipo Argentino de Antropología Forense logró ponerle nombre a 12 personas cuyos restos fueron hallados en el ex centro clandestino de detención “La Perla”, en Córdoba.
El “pacto de silencio” de quienes llevaron adelante ese plan sistemático de represión es lo que dificulta aún más los trabajos de búsqueda e identificación, por eso aún es sostenido aquel reclamo inicial de los organismos de Derechos Humanos para que rompan ese acuerdo y “que digan dónde están”, mientras que se le exige al Estado la apertura de archivos de la época que aportarían mayor claridad a las investigaciones.
Además de los delitos de lesa humanidad, de las marcas y el disciplinamiento que cayó sobre la sociedad argentina (desarticulando sus formas de organización y solidaridad e imponiendo sus valores individualistas), la dictadura modificó las bases económicas a tal punto que gran parte de las crisis y dificultades que el país no logra superar tienen su origen en esos años.
Por último, la política oficial merece atención. El gobierno de Javier Milei sostiene una agenda y un discurso sobre la dictadura, enmarcado en la llamada “batalla cultural”, que pretende revivir los propios argumentos que utilizaron los jefes de las Fuerzas Armadas: sintéticamente, que se trató de una “guerra” en la que se cometieron “excesos”. Además, dentro de las filas oficialistas hay sectores abiertamente defensores del accionar represivo de la Junta Militar.
