Un informe del CEPA revela que el recorte del gobierno provincial se concentró en el empleo y los salarios de la planta estatal, mientras se expandió la estructura de funcionarios políticos. Docentes y trabajadores de la salud sufrieron los mayores recortes y reducciones salariales.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reforzó lo que los gremios estatales vienen denunciando desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro: el ajuste en la provincia no fue general ni neutral, sino selectivo y regresivo. Una de las conclusiones del análisis es que al mismo tiempo se redujo el empleo público y se deterioraron los salarios en áreas clave como educación y salud, mientras que la estructura de cargos políticos creció de manera exponencial y concentró los mayores ingresos del Estado.
El informe se elaboró a partir del relevamiento de información publicada en decretos provinciales y acuerdos paritarios firmados entre el Ejecutivo provincial y los distintos sindicatos del sector público, disponibles en fuentes oficiales. “Sobre esta base, se llevó a cabo un proceso de sistematización de la información, la realización de las estimaciones correspondientes sobre las variaciones salariales y el posterior análisis de los resultados obtenidos”, detallaron.
Los datos oficiales muestran que entre 2023 y marzo de 2025 la planta de trabajadores y trabajadoras del Estado provincial —sin contar funcionarios políticos— se redujo en casi 6.000 puestos. La caída comenzó en 2024, con una baja del 3% (unos 4.800 cargos menos), y se profundizó en 2025 con una nueva reducción del 0,7% (1.150 puestos de trabajo). “Esta reducción se dio luego del aumento registrado entre 2022 y 2023, cuando la planta estatal se había incrementado en casi 6.000 puestos de trabajo. En términos relativos, esto implica una caída en 2025 respecto de 2023 del 3,7%”, explica el análisis.
El área más afectada por esta reducción entre 2023 y 2025 fue el sector educativo, con una caída del 8%, lo que representa en valores absolutos una pérdida de alrededor de 4.800 puestos de trabajo. También se registraron caídas en el escalafón general (5%, unos 1.000 cargos) y en otros sectores, donde se observa una caída de 1.055 puestos.
En contraste, se registraron incrementos en el sector salud, con un aumento del 1% (179 trabajadores), y en seguridad, con una suba del 3%, equivalente a aproximadamente 814 trabajadores. Estos últimos ingresos resultan insuficientes para compensar el recorte global.
Más cargos políticos
El informe advierte que en paralelo con la disminución en la planta administrativa o profesional del gobierno provincial, “el cambio de gestión política en diciembre de 2023 impulsó una modificación en la lógica de contratación estatal”. La principal vía de incorporación de personal al Estado fue el incremento de la planta de funcionarios políticos.
Según detalla el trabajo, este crecimiento se produjo a través de dos mecanismos principales. Por un lado, se observa un aumento en las autoridades superiores —directores provinciales, subsecretarios, secretarios y ministros—, que pasaron de 562 cargos en 2023 a 749 en 2025, lo que implica un incremento del 33% en este segmento de la planta política.
Por otro lado, explica, se registró una fuerte expansión de los cargos de asistentes técnicos, que son cargos políticos de designación directa del gobernador y no requieren concurso. “Hasta las gestiones anteriores existían cuatro niveles de asistentes técnicos (niveles 1 a 4). Un elemento central del actual gobierno fue, además de mantener estas categorías, la creación de siete nuevos niveles de asistentes técnicos, que van del nivel 5 al nivel 12”, detalla el análisis.
En el caso de los asistentes técnicos de los primeros cuatro niveles, la cantidad de cargos pasó de 100 en 2023 a 365 en 2025, lo que representa un aumento de 265 puestos, equivalente a una suba del 265%. A su vez, la creación de los asistentes técnicos niveles 5 a 12 implicó, hasta marzo de 2025, la incorporación de 1.001 nuevos cargos políticos, inexistentes en 2023.
“Como resultado, la planta política total pasó de 662 cargos en 2023 a 2.115 en 2025, más que triplicando su tamaño en el período analizado”, sintetiza el documento.
Además, un elemento central a considerar es el nivel de ingresos asociado a estos cargos políticos. “Los asistentes técnicos de niveles 1 a 4 y las autoridades superiores perciben ingresos elevados en relación con el resto de la planta estatal. En el período enero–marzo de 2025, un asistente técnico nivel 1 registraba un ingreso de $3.320.169, el nivel 2 de $2.355.256 y el nivel 3 de $1.776.308”, detallaron desde el CEPA.
En el caso de las autoridades superiores, en el período enero–marzo de 2025, un director provincial percibía a principio de 2025 $4.285.232, un subsecretario $6.581.240 y un secretario $7.590.676 mensuales según los últimos datos disponibles, “sin considerar los aumentos salariales, ni viáticos y otras asignaciones estímulos que pudiesen recibir por lo que el monto puede ser aún mayor”.
“El ajuste implementado a partir del cambio de gestión política recayó principalmente sobre los trabajadores de planta de la Administración Pública provincial que se redujo en 6.000 puestos. En contraste, el mayor crecimiento se produjo en el funcionariado político, integrada por los cargos de mayores ingresos, que experimentó un aumento significativo, pasando de 662 funcionarios en 2023 a 2.115 en 2025”, sintetiza el informe.
El trabajo también destaca que, a pesar de estas reducciones y ciertos discursos sobre la administración estatal, Santa Fe es una de las provincias con el empleo público más bajos del país: 45,2 agentes cada 1.000 habitantes, cifra inferior al promedio nacional de 53,9. “Este indicador ubica a la provincia en el penúltimo lugar del ranking nacional, lo que sugiere que no existe un sobredimensionamiento de la planta pública provincial, sino, por el contrario, una estructura de empleo estatal relativamente acotada en términos comparativos”, concluyen.
Salarios en caída
El “Análisis sobre la situación del empleo público en la provincia de Santa Fe” señala que el recorte sobre la administración pública provincial no se manifestó únicamente a través de la reducción de puestos de trabajo, sino que “la política salarial implementada acompañó este proceso, profundizando el impacto del ajuste sobre los ingresos reales de los trabajadores y trabajadoras del Estado provincial”.
Desde noviembre de 2023, todos los sectores del empleo público provincial registraron una pérdida de poder adquisitivo, aunque nuevamente el impacto fue desigual.
En el caso del sector salud, se observa particularmente la situación del personal de enfermería, que sostiene jornadas extendidas, turnos rotativos y un alto nivel de exigencia física y emocional. Los datos muestran una caída significativa del poder adquisitivo desde noviembre de 2023. La pérdida real acumulada alcanza el 17,3%, lo que implica que, para igualar el ingreso que percibían en noviembre de 2023 a valores de diciembre de 2025, deberían percibir $310.182 adicionales. Esta pérdida sostenida —explica el informe— se traduce en un ingreso mensual promedio no percibido de $307.552, acumulando una merma total de $7.688.805 en el período analizado.
En el sector educativo, los asistentes escolares —como los porteros de categoría 2— presentan un deterioro salarial significativo. Desde noviembre de 2023, la pérdida de poder adquisitivo alcanza el 8,5%, lo que implica que, para igualar en diciembre de 2025 el ingreso real vigente en noviembre de 2023, sería necesario un incremento de $84.165. En promedio, estos trabajadores dejaron de percibir $117.067 mensuales, acumulando una pérdida total de $2.926.697 en el período analizado. Esta situación se agrava en el caso de los maestros de grado con 10 años de antigüedad, donde el deterioro del salario real continúa siendo significativo. En el mismo período, la pérdida de poder adquisitivo alcanza el 17,4%, por lo que para recuperar en diciembre de 2025 el ingreso real que percibían en noviembre de 2023, sería necesario un incremento de $192.867. En promedio, suma el informe, estos trabajadores dejaron de percibir $198.574 mensuales, acumulando una pérdida total de $4.964.362 en el período analizado.
En el caso del personal policial, el análisis se realiza sobre el salario mínimo garantizado, que establece que ningún agente comprendido en los escalafones Policial, del Servicio Penitenciario y del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (I.A.P.I.P.) puede percibir una remuneración neta inferior a un piso determinado, otorgándose, de ser necesario, una Asignación Especial Remunerativa y No Bonificable para cubrir la diferencia. Es decir, es el ingreso más bajo que puede recibir un policía en funciones. En diciembre de 2025, este salario mínimo garantizado asciende a $848.474. “No obstante, considerando la vigencia de este piso salarial, desde noviembre de 2023 la pérdida de poder adquisitivo del ingreso para las fuerzas policiales alcanza el 15,7%. Para que el salario real de diciembre de 2025 iguale el nivel de noviembre de 2023, sería necesario un incremento de $157.725. En promedio, estos trabajadores dejaron de percibir $150.465 por mes, acumulando una pérdida total de $3.761.635 en el período analizado”, señala.
Al analizar la administración pública provincial general, que incluye a trabajadores de ministerios como Desarrollo Productivo y Obras Públicas, entre otros, se observa un deterioro significativo del salario real. A modo de ejemplo, se considera el caso de los trabajadores de categoría 3, correspondiente al primer nivel de personal profesional con título superior, que al mes de diciembre de 2025 perciben alrededor de $966.020 mensuales. Desde noviembre de 2023, estos empleados registran una pérdida de poder adquisitivo del 11,09%, lo que implica que, para igualar en diciembre de 2025 el nivel salarial real vigente en noviembre de 2023, sería necesario un incremento de $120.475. En promedio, dejaron de percibir $144.239 por mes, acumulando una pérdida total de $3.605.982 a lo largo del período analizado. Sin embargo, el ajuste no impactó de manera homogénea e impactó con mayor dureza en las categorías más bajas: las de menores ingresos —que concentran el 91% de los puestos— registraron una caída cercana al 11%, mientras que las categorías medias lograron recomponer e incluso mejorar su salario real, y las altas mantuvieron niveles similares a los de inicios del período analizado.
Ajuste selectivo
“Lejos de constituir un proceso homogéneo orientado exclusivamente a mejorar la ‘eficiencia’ del Estado, la evidencia muestra un ajuste selectivo, con impactos diferenciados según sector, tipo de vínculo laboral y nivel jerárquico”, concluye el informe del CEPA.
En primer lugar, se registra una reducción significativa del empleo público provincial durante 2024 y 2025, concentrada en los trabajadores administrativos, técnicos y profesionales del estado. La caída acumulada cercana a los 6.000 puestos en marzo de 2025 contra 2023. “Este proceso resulta especialmente relevante considerando que Santa Fe ya presentaba uno de los ratios de empleo público más bajos del país. En este marco, destaca la fuerte reducción en el sector educativo, con una pérdida aproximada de 4.800 puestos, equivalente al 8% de la planta”, refuerza el trabajo.
En paralelo, se produjo un “crecimiento extraordinario” de la planta política, que más que triplicó su tamaño entre 2023 y 2025. El aumento de autoridades superiores y la expansión de los cargos de asistentes técnicos —incluida la creación de nuevos niveles inexistentes en gestiones anteriores— implicaron un cambio en la lógica de contratación estatal y una mayor concentración de recursos en los cargos de mayores ingresos.
En segundo lugar, continúa, “el ajuste se profundizó a través de una marcada pérdida del poder adquisitivo de los salarios reales del personal público”. Desde noviembre de 2023, todos los sectores analizados registraron caídas salariales, con pérdidas que oscilan entre el 8,5% y el 17,4%. Las mayores caídas se observan en el sector docente (17,4%) y en el sector salud, donde el personal de enfermería perdió un 17,3% de su poder adquisitivo. El personal policial también sufrió un deterioro significativo, con una pérdida del 15,7% en el salario mínimo garantizado.
“El ajuste implementado en la provincia de Santa Fe combinó la reducción del empleo público, un marcado deterioro del poder adquisitivo de los salarios y una reconfiguración regresiva de la estructura estatal, trasladando el mayor costo del ajuste a los trabajadores de menores ingresos y a los sectores estratégicos del Estado provincial, como la educación y la salud. Este proceso se dio en paralelo a una fuerte expansión y jerarquización de la planta política, con un aumento significativo de los cargos de mayor ingreso, lo que evidencia una redefinición de las prioridades del gasto público y plantea interrogantes sobre el impacto de estas decisiones en la equidad interna del Estado y en su capacidad para garantizar servicios públicos de calidad”, sintetiza el informe.
