En los últimos días hubo una escalada de mensajes amenazantes en instituciones educativas. El Gobierno santafesino anunció que avanzará penalmente y que cobrará multas millonarias a los autores y sus familias. Desde distintos sectores advierten que esta respuesta es insuficiente y cuestionan el “ajuste” en áreas clave como la socioeducativa.
Tras el tiroteo ocurrido en una escuela de San Cristóbal, en la que un alumno mató a otro e hirió a varios, se registró una escalada de amenazas en escuelas de todo el país. En respuesta, el Gobierno santafesino anunció que avanzará penalmente y con multas millonarias sobre quienes difunden estos mensajes.
En Santa Fe, las amenazas de ataques a tiros en escuelas dieron un salto esta semana: solo el lunes se registraron 84 casos, a pesar de la identificación y detención de algunos adolescentes y las advertencias de funcionarios provinciales durante los días previos.
La viralización de las amenazas y los propios flujos de comunicación e información retroalimentan la lógica memética de los mensajes violentos. Otros aspectos sociales, como los problemas de salud mental o situaciones de vulnerabilidad, también explican muchos casos.
Por eso, la reacción de la administración provincial fue cuestionada rápidamente desde distintos sectores. El principal señalamiento cae sobre la medida de supuesto carácter disuasivo. “Observamos con profunda preocupación las respuestas del Estado provincial, meramente punitivistas y economicistas”, manifestaron desde Sadop Santa Fe.
La seccional santafesina del gremio de la docencia de escuelas privadas denunció la “ausencia de políticas públicas que garanticen la integridad física y psicológica de las y los trabajadores de la educación, de niñas, niños y adolescentes, y de toda la comunidad educativa”.
“El modelo de ajuste implementado por el gobierno provincial, que desarticuló los equipos socioeducativos, fundamentales para el acompañamiento en contextos críticos, hoy revela públicamente una sus consecuencias más atroces. Se pretende recomponer el entramado institucional con medidas improvisadas y convocatorias vacías, mientras se profundiza un enfoque centrado en el castigo y la penalización. Lo decimos con claridad: las escuelas no necesitan la presencia de las fuerzas de seguridad, necesitan equipos interdisciplinarios, gabinetes psicopedagógicos y políticas sostenidas en el tiempo. Para ello se requieren recursos que la provincia posee, pero que decide destinar a otros objetivos demagógicos”, cuestionaron en un comunicado.
Además, desde el gremio indicaron que la falta de diálogo y la no convocatoria a las comisiones técnicas paritarias de condiciones de trabajo, agrava el malestar y la crisis en el sistema educativo. “En este sentido y ante la posible aparición de nuevas amenazas, advertimos que, si el Estado provincial, y en nuestro caso las entidades propietarias, no garantizan la seguridad integral de las y los docentes, estos no están en condiciones de sostener su tarea en las escuelas. Lo que no podría, bajo ningún punto de vista, ser objeto de sanciones económicas ni laborales”, remarcaron.
“Denunciamos esta flagrante ausencia del Estado provincial en este preocupante momento que vive el sistema educativo, a la vez que advertimos a nuestras patronales sobre su responsabilidad en estas circunstancias”, finalizaron en el breve escrito.
