Un cargamento de girasol rechazado en Europa por exceso de pesticidas y un nuevo brote de influenza aviar en Buenos Aires exhiben las consecuencias de la desregulación y el ajuste en los organismos de control fitosanitarios. Trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria advirtieron que el vaciamiento del organismo está comenzando a “poner en riesgo” el comercio exterior y exponiendo al país de brotes controlados en el pasado.
La política impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, ha sufrido un duro revés internacional. Autoridades de la Unión Europea rechazaron el primer cargamento de semillas de girasol argentino que arribó a Bulgaria al detectar que superaba cinco veces los límites permitidos de residuos de pesticidas.
Este incidente ocurre en un contexto de crecientes denuncias por el “vaciamiento” del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), donde los trabajadores alertan que el desfinanciamiento y la quita de funciones técnicas impiden al organismo enfrentar los desafíos de los mercados internacionales.
Al mismo tiempo, el Senasa confirmó un segundo caso de influenza aviar altamente patógena en aves comerciales en la provincia de Buenos Aires. Si bien dispusieron medidas sanitarias para contener la propagación, la situación amenaza el estatus sanitario del país y sus acuerdos de exportación avícola.
Desde la seccional rosarina de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-Rosario) remarcaron que en un contexto en el que los países importadores aplican estrictos controles sobre residuos de plaguicidas y requisitos fitosanitarios, la falta de controles estatales sólidos puede derivar en rechazos de cargamentos, sanciones comerciales y pérdida de confianza en los mercados internacionales.
Por eso, desde la Junta Interna de los trabajadores del Senasa reiteraron sobre la importancia de sostener y fortalecer los mecanismos de control sanitario oficiales, “ya que de ellos dependen no solo la salud pública, sino también la reputación y competitividad de la producción agroalimentaria argentina”.
