El Congreso convocó a una sesión especial para tratar el proyecto mañana. “No discutirán cómo resolver los problemas de las escuelas, los salarios de docentes o las necesidades de estudiantes. Sólo pretenden impedir el derecho a huelga”, reclamaron desde diversos gremios.
La Cámara de Diputados oficializó ayer la convocatoria a una sesión especial para el miércoles, pedida por los bloques de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, para tratar la declaración de la educación como “servicio estratégico esencial”.
La sesión, citada para las 11, incluye el mismo temario de la convocatoria del miércoles pasado que se vio frustrada por falta de quórum, pero añade el proyecto de esencialidad educativa.
Con acuerdo de La Libertad Avanza (LLA), el PRO y bloques de la “oposición dialoguista” (UCR, Coalición Cívica, Innovación Federal, Hacemos Coalición Federal Encuentro Federal e Independencia), el proyecto ya obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Educación en junio. La iniciativa prevé establecer un piso mínimo de clases a garantizar durante los días de paro, por lo que los gremios y los bloques de la oposición denuncian que busca restringir el derecho a huelga. Sostienen, además, que se basa en una “concepción reduccionista” de la escuela entendida sólo como “guardería”.
El principal impulsor del proyecto es el diputado Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación en el último tramo del gobierno de Mauricio Macri y actual presidente de la Comisión de Educación. Sus proyectos originales sobre el tema, de hecho, datan de mucho antes del momento en que el actual oficialismo volvió a poner la cuestión en agenda al incluir la declaración de “servicio esencial” en el mega DNU de Javier Milei. En un apartado que luego fue suspendido por la Justicia, el Gobierno establecía allí que, en los días de paro, los docentes debían garantizar al menos el 75 por ciento de la “prestación”. Lo que significaría que tres cuartos de los y las docentes no podrían hacer paro.
Tras el revés judicial, el oficialismo incluyó la iniciativa en la primera versión de la entonces llamada ley ómnibus, pero no pudo superar la poda de artículos que derivó en el texto que finalmente llegó al recinto. Así, el proyecto de Finocchiaro, acompañado con la firma del jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, volvió a ganar terreno y obtuvo dictamen con un texto consensuado con otros proyectos como el de la diputada Carla Carrizo, de la UCR. La iniciativa sólo fue tratada en la comisión presidida por Finocchiaro, que esquivó los giros originales que indicaban que también debía pasar por la de Presupuesto y la de Trabajo.
La versión final del proyecto presenta algunas diferencias con la propuesta de LLA. En primer lugar por el porcentaje de “prestación” a garantizar durante los días de huelga. La iniciativa busca modificar el Artículo N°3 de la Ley de Educación Nacional (LEN) para incorporar allí la creación de un “Sistema de Guardias Mínimas Obligatorias”. El Inciso C de ese artículo prevé, así, mecanismos para garantizar las guardias en caso de “medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente o no docente”. Estipula que se deberá garantizar un mínimo de personal del 30 por ciento en medidas de fuerza que duren uno o dos días, mientras que el porcentaje se elevará al 50 por ciento cuando superen los tres días.
Otra diferencia con respecto al proyecto original del oficialismo es la vía por la que la iniciativa de Finocchiaro busca introducir la modificación. En el DNU de diciembre, el Gobierno había incluido a la educación como “servicio esencial” en lo establecido por la Ley 25.877 de Régimen Laboral, que hasta el momento reconoce de esa manera a los “servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo”. Por otro lado, el texto dictaminado en Comisión incorpora la declaración de “servicio estratégico esencial” dentro de la LEN y no hace mención a la Ley de Régimen Laboral más que en el párrafo introductorio.
Esa ley, en tanto, establece que la incorporación de una nueva actividad como “servicio esencial” debe ser decidida por una comisión independiente actuando bajo dos supuestos. Uno: cuando la interrupción de la actividad por huelga pusiera en riesgo “la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población”. Dos: cuando la actividad fuera catalogada como de “importancia trascendental” en función de “los criterios de los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”. Hasta ahora, el Comité de Libertad Sindical de la OIT establece que la educación no es servicio esencial porque su interrupción no pone en peligro la vida, la salud ni la seguridad. El texto que se va a tratar mañana en Diputados, sin embargo, no hace ninguna referencia a la OIT.
Por otro lado, el proyecto busca establecer un mecanismo interno dentro de las escuelas para que ese porcentaje sea garantizado. Así, en el Artículo N°4 del proyecto se lee que el equipo de conducción de cada establecimiento educativo deberá establecer, antes del inicio de los ciclos lectivos, “la nómina anual de personal docente y no docente” que estará afectado al cumplimiento de las guardias mínimas. Es decir que, antes de empezar el año y sin certezas sobre las medidas de fuerza que puedan llegar a ocurrir, los directivos de los colegios deberán informar a las autoridades superiores quiénes serán los docentes y no docentes que trabajarán cuando sus compañeros hagan paro.
“La educación es un derecho, no un servicio”
“Este miércoles 14 de agosto, el Congreso intentará avanzar con la declaración de esencialidad de la educación. No discutirán cómo resolver los problemas de las escuelas, los salarios de docentes o las necesidades de estudiantes. Sólo pretenden impedir el derecho a huelga para despejar el camino para profundizar su ajuste contra la educación”, comienza un comunicado firmado por una veintena de gremios y organizaciones docentes.
El escrito, firmado por cuatro delegaciones seccionales de Amsafe (Rosario, Belgrano, Caseros y General López), exige a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y las centrales sindicales CGT y CTA la convocatoria a un paro nacional y un “plan de lucha y movilización al Congreso y en todas las provincias” ante el avance del proyecto.
“A nueve meses de su asunción, la motosierra y la licuadora de Milei y los gobernadores siguen funcionando a pleno. El conjunto de los sectores populares venimos padeciendo una brutal caída de nuestros ingresos, recortes de presupuestos y despidos junto con una profunda avanzada sobre derechos históricos conquistados en décadas de lucha”, analizan en el comunicado.
El documento resalta que los “avances del gobierno de Milei”, así como la sanción de la llamada Ley Bases, “fueron posibles por el acuerdo de gobernadores y de las bancadas que apoyan el ajuste”.
Tras enumerar diferentes conflictos provinciales, dedicaron unas líneas para enfatizar sobre la particularidad de la situación santafesina. “A salarios de pobreza debemos sumar la imposición de presentismos extorsivos y de ataques contra los sistemas jubilatorios como en Santa Fe”, denunciaron.
“Más allá de las dificultades en distintas provincias el paro sigue siendo nuestra herramienta fundamental y la que verdaderamente molesta a nuestras patronales. Es por eso que hasta ese derecho quieren quitarnos. Es con ese objetivo que buscan sancionar en el Parlamento una ley que declare la educación como ‘servicio esencial’; no porque les interese la educación sino porque quieren prohibirnos en los hechos el derecho a la huelga”, sintetiza el comunicado.
