Después de una jornada marcada por tensiones y represión policial a la marcha en defensa del agua, la Cámara baja aprobó por 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones el proyecto del oficialismo.
Luego de más de 11 horas de una sesión tensa y con Karina Milei presente en uno de los balcones del recinto para presenciar el desenlace, La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron convertir en ley la reforma pro minera a la Ley de Glaciares. Mientras tanto, afuera del Congreso, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió con palos, empujones y gases a los manifestantes que marchaban pacíficamente, dejando un saldo de un detenido y al menos cinco heridos.
Con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones, se sancionó la inicativa que redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos. Una modificación “hecha a medida de las mineras” y que “vacía” de sentido la Ley de Glaciares, según organizaciones ambientales, científicos, universidades nacionales y especialistas.
Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila).
Inclusive, el oficialismo captó votos de dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica.
Las abstenciones vinieron de la mano de los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, y Karina Maureira de La Neuquinidad.
En contra de la reforma se pronunció la enorme mayoría de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas (11 de sus integrantes), los dos diputados de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), los cuatro miembros del Frente de Izquierda, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Jorge Fernández (Primero San Luis).
¿Qué cambia la reforma?
El proyecto pro minero fue impulsado por el gobierno de Javier Milei —quien celebró la sanción y elogió a gobernadores— y las provincias de la Mesa del Litio y del Cobre: Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan.
La reforma introduce cambios estructurales y plantea que la protección dependa principalmente de la función hídrica y permite que las provincias definan qué cuerpos de hielo y ambientes periglaciares quedan protegidos.
En primer lugar, todos los glaciares podrían ser destruidos. La reforma elimina la protección automática que hoy establece la ley y la reemplaza por un sistema discrecional: mediante una simple declaración de una autoridad provincial, un glaciar puede quedar fuera de la protección legal y ser habilitado para actividades extractivas.
En segundo lugar, el proyecto elimina la prohibición expresa de realizar minería sobre el ambiente periglacial. La Ley de Glaciares vigente reconoce que glaciares y periglaciares conforman un sistema único, indispensable para la regulación del agua. Desproteger el periglacial implica, en los hechos, permitir la destrucción del glaciar. Es como proteger el hielo pero apagar el freezer: el resultado es su desaparición.
