Mediante dos decretos publicados este martes, el Ejecutivo formalizó la promulgación de ambas normas pero dejó en suspenso su aplicación hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento. La misma situación se repitió con la emergencia en discapacidad, que sigue sin aplicarse.
El Gobierno nacional promulgó este martes la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica, pero suspendió su aplicación efectiva hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento y asigne las partidas presupuestarias correspondientes.
La medida fue oficializada mediante los decretos 759/25 y 760/25, publicados en el Boletín Oficial, y replica la estrategia utilizada anteriormente con la Ley de Emergencia en Discapacidad. En ambos casos, el Ejecutivo invoca el artículo 5° de la Ley 24.629, que establece que “toda ley que disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos” y que, en caso contrario, queda suspendida su ejecución hasta que se incluyan las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional.
El Gobierno argumentó que ambas leyes fueron aprobadas por el Congreso “sin indicar cómo se financiarían”, lo que —según el texto oficial— “viola los principios de responsabilidad fiscal” y pondría en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.
En el caso de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, el decreto detalla que su aplicación queda supeditada a que el Parlamento defina las fuentes de recursos necesarias para su cumplimiento. La norma, sancionada con amplio consenso político, establece el garantizar el financiamiento pleno de las universidades públicas, la actualización automática de los gastos de funcionamiento según el IPC, la recomposición salarial docente y no docente, el reajuste de becas estudiantiles y la regularización de ingresos científicos.
El Ejecutivo calcula que el costo de aplicar la ley sería de más de un billón de pesos en 2025 y de dos billones en 2026, montos que —sostiene— no están contemplados en el actual esquema presupuestario. Por ese motivo, se resolvió suspender su ejecución hasta que el Congreso incorpore los fondos en el Presupuesto Nacional.
Desde el ámbito universitario y gremial la reacción fue inmediata. Distintas federaciones docentes, entre ellas Conadu y Conadu Histórica, consideraron la decisión “una nueva muestra de desfinanciamiento y vaciamiento de la universidad pública”, mientras que rectores y estudiantes advirtieron que la medida “anula en los hechos una ley que fue fruto de una larga lucha colectiva”.
La misma resolución afecta a la Ley 27.796 de Emergencia Pediátrica, que involucra al Garrahan, declara la emergencia sanitaria del sector por un año y contempla la recomposición salarial inmediata del personal de salud, la exención del impuesto a las ganancias sobre guardias y horas extras, y la prioridad presupuestaria para medicamentos, vacunas e infraestructura hospitalaria.
El decreto firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Salud indica que el costo fiscal estimado de la norma asciende a $196.270 millones, en un contexto donde el propio Ministerio de Salud arrastra un déficit superior a los $102.400 millones. Según el texto, su ejecución “implicaría desfinanciar programas esenciales como los de VIH-Sida, tratamientos de alto costo y subsidios a medicamentos de pacientes sin cobertura”.
El Ejecutivo justificó la suspensión señalando que el Congreso aprobó la ley “bajo la apariencia de defender una causa noble”, pero sin respaldo financiero. En sus fundamentos, advierte que ponerla en marcha sin recursos asegurados “podría comprometer seriamente el equilibrio fiscal logrado”.
La decisión se conoció apenas un día después de que el Gobierno se reuniera con bloques opositores para debatir el Presupuesto 2026, encuentro en el que las principales fuerzas políticas habían pedido expresamente no suspender la aplicación de estas dos leyes. La promulgación parcial fue interpretada como una señal de ruptura en el diálogo.
Desde la oposición calificaron la medida como “una provocación innecesaria” y “una maniobra para incumplir leyes votadas democráticamente”. En tanto, desde los sectores afectados —universidades, gremios docentes y pediátricos— ya se analizan medidas de protesta para los próximos días.
Mientras tanto, el Gobierno nacional defendió su decisión alegando que “no se trata de rechazar las leyes, sino de cumplir con la responsabilidad fiscal que exige que todo gasto tenga su correspondiente fuente de financiamiento”. Sin embargo, para amplios sectores académicos y sanitarios, la decisión deja en suspenso dos políticas consideradas centrales para la educación y la salud pública en un momento crítico del país.
