Con los datos de la inflación acumulada durante el período julio-octubre sobre la mesa, la administración santafesina aplicará una compensación para recomponer salarios y garantiza un piso mínimo de aumento para todos los trabajadores estatales. Desde algunas organizaciones gremiales advierten que el anuncio desconoce la paritaria y resulta insuficiente para resolver el deterioro salarial.
El Gobierno de Santa Fe anunció una compensación salarial destinada a los empleados públicos tras la difusión de los últimos datos de inflación del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec). La medida busca corregir la diferencia entre los incrementos percibidos y el alza de precios acumulada entre julio y octubre, que alcanzó el 8,8%.
El esquema semestral tenía proyectado aumentos escalonados: del 7% para los salarios más altos y del 10% para los más bajos. La aplicación mensual de ese entendimiento implicó que, hasta octubre, las categorías superiores acumularan un 5% de suba, mientras que los sueldos menores sumaron el 10%, debido a los aumentos mínimos garantizados.
Con los datos de inflación sobre la mesa, explicaron desde la administración de Maximiliano Pullaro, el gobierno decidió compensar la diferencia a quienes recibieron incrementos inferiores al 8,8% en el período. A su vez, otorgará una suma fija de 30.000 pesos a los trabajadores que sí superaron ese porcentaje, con el objetivo de fortalecer los ingresos de los sectores con menor poder adquisitivo.
Según explicaron desde el Gobierno santafesino, la compensación se hará efectiva en los haberes de noviembre, que también incluirán el 1% previsto para ese mes en el acuerdo semestral. De este modo, los salarios tendrán un aumento total del 9,8% respecto de junio: el 8,8% correspondiente a la inflación acumulada y el 1% ya estipulado. Para diciembre, el ajuste será del 10,8% respecto de junio, al sumarse otro 1% previsto en la pauta salarial.
“El Gobierno santafesino destacó el diálogo con representantes de los trabajadores, para que ningún agente estatal perciba en noviembre un incremento inferior a 30.000 pesos en comparación con octubre, con el objetivo de sostener el poder de compra en un contexto de variaciones de precios que continúa impactando sobre los ingresos de los hogares”, resaltaron desde la Casa Gris.
Por último, desde la administración santafesina destacaron que “de esta manera en período de julio a noviembre, ningún agente estatal habrá percibido menos de 100.000 pesos de incremento. Y en el tramo de enero a noviembre, ninguno habrá cobrado menos de 245.000 pesos”.
“Los porcentajes no recuperan el poder adquisitivo”
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) calificaron como positivo el anuncio. En el caso de ATE, comunicaron las actualizaciones sin realizar ninguna objeción, mientras que UPCN destacó que el aumento “ratifica la importancia del diálogo y el compromiso para resguardar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras del Estado”.
Por otro lado, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) señaló que “el reconocimiento del 3,8% correspondiente al desfasaje inflacionario entre julio y octubre resulta claramente insuficiente frente a la deteriorada situación salarial del sector”.
Para el gremio de la docencia de escuelas públicas, el aumento otorgado no recupera el poder adquisitivo perdido durante el año, donde solo en 2025 se acumula una caída del 7,7%. “Tampoco contempla la pérdida acumulada del 30,97 % que venimos sufriendo desde enero de 2024”, advirtieron.
“Una vez más, el Ejecutivo toma decisiones de manera inconsulta y por fuera del ámbito paritario, desconociendo la negociación colectiva y los acuerdos que deben regir la política salarial docente”, remarcaron.
Además, desde Amsafe alertaron que “a este anuncio insuficiente se suma una situación especialmente grave”. En primer lugar, señalaron que jubilados y jubiladas “volverán a cobrar el incremento recién dentro de 60 días, profundizando una desigualdad inadmisible”. También remarcaron que el salario garantizado ($30.000) es una suma en negro, que no se traslada al sector pasivo, “discriminando nuevamente a quienes dedicaron su vida a las escuelas públicas”. Al tratarse de un monto no remunerativo, “no aporta a la obra social ni al sistema previsional, debilitando aún más las condiciones laborales y jubilatorias del sector”.
En síntesis, para Amsafe, “la medida anunciada no da respuesta a la caída real del salario docente, no recupera el poder adquisitivo, y se adopta sin respetar el marco paritario, vulnerando derechos conquistados”.
Por otro lado, a pesar de la posición más cercana al gobierno provincial que mantienen gremios, algunas seccionales marcan sus diferencias. Es el caso de ATE Rosario, que interpretó la propuesta como un techo salarial: “Que no te engañen: en los sueldos más bajos, hasta 2026, la suma no va a superar los $30.000”. También señalaron que los porcentajes anunciados “no recuperan el poder adquisitivo ni las sumas ya perdidas por el retraso salarial”.
