El Gobierno publicó el veto total a la ley de movilidad jubilatoria

El presidente Javier Milei había firmado el decreto el viernes y se publicó este lunes en el Boletín Oficial. Ahora vuelve a Diputados, la cámara de origen, que tiene la facultad de insistir con su redacción original.

El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el veto a la ley de reforma previsional y nueva fórmula de movilidad jubilatoria que el Congreso aprobó el pasado 22 de agosto. La modificación implicaba una suba en los haberes.

El mandatario ya había firmado el veto el viernes, pero recién se publicó este lunes a través del decreto 782/2024.

De esta forma, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto la ley de movilidad jubilatoria votada por mayoría en ambas cámaras del Congreso.

El presidente Javier Milei firmó el decreto luego de reunirse el viernes en la Casa Rosada con los bloques aliados de diputados, quienes le dieron su respaldo para el veto.

Del encuentro con legisladores del PRO, el MID y La Libertad Avanza (LLA) participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por pedido del propio mandatario.

Durante la reunión, el Presidente se entrevistó primero con los jefes de bloque Cristian Ritondo (PRO), Oscar Zago (MID) y Gabriel Bornoroni (LLA), para después pasar a una cita “ampliada” con el resto de los legisladores que integran esas bancas.

Fuentes oficiales indicaron que Milei detalló ante los legisladores los motivos del veto y buscó garantizarse los dos tercios necesarios para evitar que la oposición parlamentaria pueda restablecer la ley.

De esta manera, el mandatario logró sumar los respaldos necesarios de la oposición “dialoguista” para contrarrestar las intenciones de algunos bloques parlamentarios de mantener firme la actualización jubilatoria después del anuncio de la impugnación.

El decreto y lo que sigue

“A los fines de que el país continúe en la senda de la estabilidad y el crecimiento, corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional recurra a la herramienta constitucional del veto total de la iniciativa legislativa que le ha sido remitida”, dice sobre el final el texto publicado este lunes en el Boletín Oficial.

“Se trata de un gasto que, por su efecto acumulativo, se incrementaría año tras año, condenando a nuestros jóvenes a más emisión, deuda, inflación y pobreza”, argumenta el Gobierno entre sus considerandos para vetar la ley.

Ahora, el texto de la ley es remitido de nuevo al Congreso. Según el artículo 83 de la Constitución Nacional, cuando se desecha un proyecto sancionado o se lo observa parcialmente, vuelve a la cámara de origen (en este caso, Diputados), que tiene la facultad de insistir con su redacción original. Pasa por comisiones y, de obtener de nuevo dictamen, debe convalidarse en el recinto por mayoría.

Al mismo tiempo, a través de otra disposición publicada en el Boletín, se mantiene para septiembre el bono extra de ayuda a los jubilados y pensionados en $70.000, mismo monto desde hace meses.

Qué dice la ley vetada por Milei

La ley que votó el Senado (con 61 votos afirmativos y 8 negativos) para su aprobación definitiva tras la media sanción en Diputados mantenía el esquema de actualización por inflación (índice IPC del Indec) aprobado a través de un DNU firmado por Milei en marzo, pero le sumaba un incremento adicional del 8,1% a los haberes de abril (el Gobierno había otorgado un incremento del 12,5%), con el objetivo de completar el 20,6% de inflación correspondiente a enero.

Además, se disponía que el haber mínimo no podía ser inferior a 1,09 canastas básicas por adulto (que publica mensualmente el INDEC y define la línea de pobreza), lo que equivalía a $321.600, $15.000 más que el monto de junio.

Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los cambios en la movilidad significarían un gasto extra del 0,45% del PBI en todo el año. El comunicado de la Oficina del Presidente, por su parte, afirmaba que la ley “implica un gasto del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos”.

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