Un conjunto de organizaciones lanzó una convocatoria para pedir reuniones y enviar mensajes a legisladores nacionales.
En los próximos días, el gobierno nacional intentará aprobar en el Senado un proyecto para modificar la Ley N.º 26.639, conocida como Ley de Glaciares. La iniciativa apunta a desmantelar el régimen de presupuestos mínimos que hoy protege glaciares y ambiente periglacial, es decir, las reservas estratégicas de agua más importantes de la Argentina.
En el marco de esta discusión, organizaciones como la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) lanzaron una campaña para exigirles un posicionamiento a cada uno de los senadores nacionales.
“De estos 12 senadores depende la Ley de Glaciares. Escribiles a su mail, en las redes”, dicen en una nueva publicación que lanzaron en redes sociales como parte de la campaña. Entre la docena de legisladores que aún “no dicen cómo van a votar” se encuentra la representante santafesina Carolina Losada, del bloque radical en la alianza de Juntos por el Cambio.
“Esta entrega de nuestras aguas no puede ser gratis para los funcionarios públicos que votamos para representar a los intereses del pueblo”, enfatizaron desde la campaña, que aclara: “Pediles reunión a los tres senadores/as de tu provincia. No importa si la dan o no: el pedido queda registrado, lo podés compartir en redes sociales y que el pueblo sepa que perderán votos. ¿Vas a votar con la megaminería o vas a defender el agua de nuestras familias? Que digan de qué lado están: agua y comunidades o mineras transnacionales”.
En la página creada para la campaña se facilitó un formulario con los datos de todos los senadores y senadoras que decidirán sobre la reforma que ya han bautizado con el nombre de una transnacional megaminera que se encuentra entre las más grandes del mundo: Barrick Gold.
¿Qué cambia el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares?
El informe “Análisis crítico del Proyecto de Reforma a la Ley de Glaciares (P.E. 161/25)”, elaborado por la AAdeAA–CAJE muestra que la iniciativa vacía de contenido la ley vigente y transforma el “piso” de protección en un “sótano” regulatorio. Los autores del estudio sintetizaron los principales puntos:
- De la protección automática a la desprotección condicionada. La reforma establece que solo estarán protegidos los glaciares que una autoridad provincial considere “relevantes” por su función hídrica. Lo demás queda sin resguardo. En la práctica, todos los glaciares pueden ser destruidos si una provincia así lo decide.
- Ataque al ambiente periglacial. El proyecto elimina la prohibición de minería e hidrocarburos en el ambiente periglacial. Esto rompe la lógica científica básica: sin periglacial no hay glaciar. Es como decir que se protege el hielo mientras se apaga el freezer.
- Principio precautorio invertido. La reforma dice incorporar el principio precautorio, pero lo usa al revés: la protección deja de ser la regla y pasa a ser la excepción, condicionada a informes funcionales al extractivismo.
- Vaciamiento del Inventario Nacional de Glaciares. Aunque mantiene formalmente al IANIGLA, el proyecto traslada el poder real a las provincias, que pueden excluir glaciares del Inventario y habilitar su destrucción incluso contra el criterio científico nacional.
- De la prohibición a la autorización administrativa. Las prohibiciones absolutas se reemplazan por Evaluaciones de Impacto Ambiental provinciales, elaboradas por las propias empresas. La experiencia muestra que estas instancias rara vez frenan proyectos y no evitan daños irreversibles.
Desde la Asociación de Abogados Ambientalistas subrayaron que se trata de una reforma “inconstitucional y regresiva”. Según este análisis, la modificación de la Ley de Glaciares viola el artículo 41 de la Constitución Nacional, que obliga al Estado nacional a fijar presupuestos mínimos ambientales que las provincias no pueden rebajar. También infringe el principio de no regresión ambiental, reconocido por el Acuerdo de Escazú y por la Corte Suprema.
Además, fragmenta la gestión de cuencas interprovinciales y abre la puerta a conflictos hidrosociales, como ya ocurrió en el pasado con ríos compartidos.
Desde la organización ambientalista sostienen: “La Ley de Glaciares no se toca. No aceptamos cambiar prevención por daño consumado, ni subordinar la ciencia pública a los intereses del negocio extractivo”.“En un contexto de crisis climática, escasez de agua y profundización de desigualdades, modificar la Ley de Glaciares es poner en riesgo el futuro de nuestras comunidades”, remarcaron.
