Organizaciones ambientalistas advierten que se realizará un tratamiento exprés “calcado del que ya usaron en el Senado: a espaldas de la ciudadanía, sin debate real, con el resultado cantado de antemano”.
“Ignorando por completo la voluntad de las más de 100.000 personas inscriptas en la ilegítima audiencia pública, el oficialismo emitió un dictamen de comisiones y confirmó que el miércoles 8 de abril será el debate por el vaciamiento de la Ley de Glaciares. Un tratamiento exprés calcado del que ya usaron en el Senado: a espaldas de la ciudadanía, sin debate real, con el resultado cantado de antemano. Porque lo que llamaron ‘proceso democrático’ fue una farsa. Alrededor de 102.000 personas se inscribieron para participar. Sólo 213 pudieron hablar, y la mayoría de los expositores rechazó rotundamente la reforma”.
Así comienza un comunicado elaborado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Ayer, el oficialismo y sus aliados consiguieron dictamen de comisión y debatirán hoy el proyecto que tiene media sanción del Senado.
El escrito también denuncia que un día antes de la votación, este martes, funcionarios de representación provincial y con intereses en la minería “fueron al Congreso a disciplinar a los diputados de sus provincias para que voten a favor” de la reforma.
“Y lo hacen dejando afuera a los gobernadores de las demás provincias cuyas cuencas y fuentes de agua se verán comprometidas. Ocho provincias -La Pampa, Buenos Aires, Santa Cruz, La Rioja, Jujuy y Córdoba,- ya advirtieron que esta reforma afecta ríos que atraviesan sus territorios y abastecen a millones de personas. El plenario de este martes no fue un debate: fue una instancia cerrada para imponer una decisión ya tomada, ignorando deliberadamente a la sociedad”, advirtieron.
Y sin embargo, continuaron las organizaciones ambientalistas, “frente a ese atropello, la respuesta de la sociedad fue unánime y viene de todos lados, no hay licencia social para avanzar con esta reforma”.
Lo dijeron los científicos. Especialistas en glaciología, ciencias criosféricas, hidrología, ciencias ambientales y geografía de todo el mundo escribieron a los diputados para advertir que los glaciares y el ambiente periglacial son ecosistemas críticos cuyo daño es irreversible, y que la reforma reduce su protección en el peor momento posible: cuando el cambio climático ya los está destruyendo.
Lo dijeron los juristas. Integrantes de la comunidad jurídica argentina -profesores universitarios, especialistas en derecho constitucional y ambiental, jueces y ex jueces de todo el país- advirtieron que la reforma no es una modificación técnica sino un retroceso inconstitucional que ataca directo a los fundamentos constitucionales del sistema argentino de protección ambiental.
Lo dijo la universidad pública. El rectorado de la UBA y sus facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Agronomía, la Mesa de Responsables Académicos de Licenciaturas Ambientales de Universidades Públicas y 162 docentes, la Universidad Nacional de Tucumán y el CICTERRA-CONICET-UNC -que reúne 106 investigadores y científicos- se pronunciaron en rechazo y pidieron a los diputados mantener la protección vigente.
Lo dijeron las fiscalías ambientales. La Red Argentina de Fiscalías Ambientales advirtió que la reforma desconoce el sentido de una ley de presupuestos mínimos y tiene carácter regresivo e inconstitucional.
Lo dijo la Iglesia. La Comisión Episcopal de Pastoral Social y los Obispos de la Patagonia escribieron a los legisladores para defender los glaciares como “catedrales de agua” y denunciar las maniobras de vaciamiento del debate democrático que ya conocen de cerca en sus territorios.
Lo dijeron organismos internacionales y relatores de Naciones Unidas. El Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales, la Relatora Especial sobre el derecho humano a un medio ambiente sano y el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua expresaron su preocupación urgente al gobierno argentino por el impacto de la reforma sobre el derecho al agua y los derechos de los pueblos indígenas.
“No hay un solo sector de la vida institucional argentina que haya pedido esta reforma. Ni la ciencia, ni el derecho, ni la Iglesia, ni los organismos internacionales, ni la ciudadanía. Solo grandes corporaciones mineras se benefician, a costa del agua de millones de personas, de destruir lo que la naturaleza tardó millones de años en formar en las montañas”, remarcaron.
Según las organizaciones, en coincidencia con otras que intervinieron en la discusión sobre la reforma, “la sociedad ya habló y fue deliberadamente ignorada”.
“Que cada diputado y diputada sepa que en su voto se define algo tan básico y vital para todas las y los argentinos: las fuentes de agua dulce y cada cuenca que nace en la cordillera y llega hasta el último rincón del país”, concluyeron.
