La reforma que se tratará hoy en el Senado podría dificultar el acceso al agua de más de siete millones de personas, al afectar cuencas hídricas enteras y profundizar conflictos territoriales ya existentes. “El agua afectada no se encuentra solamente en las provincias que alojan los glaciares”, indicaron.
Este jueves comenzó el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares en el Senado. El gobierno de Javier Milei busca modificar esta normativa clave para preservar glaciares y ambientes periglaciares: las principales reservas de agua de una enorme porción del país.
Para una treintena de organizaciones, la modificación que se discutirá en el Congreso de la Nación “vacía de su contenido y propósito” a la ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares. “En caso de ser aprobada, la iniciativa impulsada por el oficialismo dejaría sin objeto una normativa clave, producto de una amplia movilización social, del trabajo de científicos, comunidades y organizaciones. La normativa vigente, ejemplo a nivel internacional, establece presupuestos mínimos para proteger las fuentes de agua en los territorios de alta montaña”, indicaron en un comunicado firmado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Círculo de Políticas Ambientales, entre otros.
“La reforma que intentan impulsar no es una actualización técnica, ni una mejora normativa: se trata de una reforma constitucional de facto, ya que la normativa quebraría el sistema de presupuestos mínimos y crearía un escenario de inestabilidad jurídica y legislativa”, denunciaron.
La reforma que busca el gobierno nacional -remarcaron- “pone en riesgo el acceso al agua de más de siete millones de personas”, al afectar cuencas hídricas enteras y profundizar conflictos territoriales ya existentes. “El agua afectada no se encuentra solamente en las provincias que alojan los glaciares, ya que las cuencas son interprovinciales; como lo son también las napas, que son alimentadas por los hielos de montaña. Estas zonas cumplen un rol irremplazable en la regulación hídrica y climática, y su degradación tiene consecuencias irreversibles”, remarcaron.
Desde las organizaciones ambientales y de la sociedad civil advierten que avanzar con esta reforma constituye un grave retroceso en materia de protección del agua y contradice principios básicos del derecho ambiental, como el principio de no regresión y el deber del Estado de garantizar el derecho al agua y a un ambiente sano. “No hay bienestar posible para la población argentina si se destruyen las fuentes de agua, fundamentales tanto para la vida como para las actividades productivas que componen el entramado económico argentino”, indicaron.
“Por eso, volvemos a llamar públicamente a las y los senadores a rechazar cualquier intento de modificar la Ley de Glaciares y a mantener la protección plena de glaciares y ambientes periglaciares. Les pedimos que asuman su responsabilidad institucional y que actúen a favor del agua, las familias y la vida”, concluyeron.
