Este domingo, Piamonte se movilizó para exigir justicia por el femicidio de Lucrecia Zarmati. La mujer, asesinada por su exesposo el viernes pasado, había realizado denuncias por violencia de género y contaba con la protección de una restricción perimetral. Este hecho vuelve a plantear preguntas elementales: ¿Quién controla que esa restricción perimetral se cumpla? ¿Qué herramientas se le brinda a la víctima posterior a esta decisión? ¿Qué protección se le asegura a una mujer entre la denuncia y el inicio de un proceso judicial?
Tras el femicidio de Lucrecia Zarmati, perpetrado por su ex esposo, distintas organizaciones convocaron a una movilización en la plaza pública de Piamonte, no solo para pedir justicia sino también para exigir más herramientas de abordaje y protección para las víctimas de violencia de género.
“Sentimos que pedir justicia no alcanza, pedimos también reparación, pedimos memoria, que su vida y su dignidad sean reconocidas, que se llame por su nombre a los hechos ocurridos, que se acompañe a los familiares, que se escuche a las víctimas de violencia de género y se las acompañe”, enumeraron en un documento leído públicamente y, remarcaron: “La desprotección se cobra vidas”.
Del mismo modo, reclamaron espacios institucionales “de escucha, contención y acompañamiento, y que existan mecanismos estatales de protección que sean eficaces y den respuesta a las necesidades de quienes se encuentran atravesando situaciones de violencia de género”.
Kumelén y Estamos para nosotres, dos de las organizaciones que convocaron a esta movilización, también organizaron una jornada por Ni Una Menos, el pasado 3 de junio. El encuentro se centró en “hablar para cuidar” y fue un espacio al que asistió Zarmati. Allí pudo poner en palabras la situación que estaba atravesando, dejando en evidencia la vulnerabilidad en la que se encontraba.
Luego de esa intervención, en la que contó que había realizado la primera denuncia formal contra su ex esposo, recibió la asesoría legal desde su gremio y acompañamiento psicológico, por fuera de los dispositivos institucionales.
“Hoy, su voz, que supo y pudo ser escuchada, que pudo denunciar, que pudo pedir y recibir ayuda, ya no puede. Hoy, nos toca a todos y a todas ser su voz y pedir por ella, no olvidar su historia, no olvidar lo que también fue su lucha: una vida libre de violencias”, expresaron en el documento que se leyó este domingo.
La Escuela Primaria N°278 también convocó a la movilización, lugar de trabajo de Zarmati, y desde donde se había retirado minutos antes de ser abordada por su ex esposo. La institución, junto a ATE, fueron los primeros en manifestarse públicamente en el pedido de justicia y en remarcar que “fue víctima de un femicidio, un acto de poder, que pretende negar su autonomía, su libertad y su derecho a decidir sobre su propia vida”.
En este sentido, en el documento remarcaron: “El acceso a la justicia continúa siendo una materia pendiente en la que es urgente trabajar desde el Estado. Esta realidad exige fortalecer de manera urgente la inversión en políticas públicas de prevención, asistencia, protección y reparación”.
En cuanto a la posibilidad de acceder a protección por parte de la Justicia, las primeras informaciones indicaron que Ricardo E. tenía una orden de restricción de acercamiento. En este sentido, Carlos Zoppegni, fiscal a cargo de la investigación, dijo que en el domicilio de la víctima se encontró documentación emitida el día anterior por el juzgado civil de la ciudad de El Trébol.
Lo cierto es que este tipo de medidas son solo eso: cautelares que buscan supuestamente proteger a las personas, pero generan más interrogantes que respuestas: ¿Quién controla que esa restricción perimetral se cumpla? ¿Qué herramientas se le brinda a la víctima posterior a esta decisión? ¿Qué protección se le asegura a una mujer entre la denuncia y el inicio de un proceso judicial?
Según los datos brindados en el documento “desde el 1° de enero al 8 de agosto de este año se registraron 30 muertes violentas de mujeres contabilizadas en Santa Fe”. No es solo una estadística sino el reflejo de una problemática que se agrava y que no encuentra ninguna solución por parte de los organismos estatales, responsables de actuar a través de políticas públicas que garanticen la protección integral de las víctimas de violencia de género.
