Una empresa del Grupo Werthein se hará cargo de la salud laboral de los estatales santafesinos. En los próximos días se confirmará la adjudicación. Organizaciones y representantes de trabajadores públicos advierten que la tercerización es un negocio para una empresa privada, “lejos de una perspectiva humana”. El sistema alcanza a una base de 156.057 agentes.
El nuevo control de licencias para empleados públicos impulsado por el gobierno de Santa Fe, que se pondría en marcha en septiembre, viene recolectando críticas y objeciones. El sistema, según la administración de Maximiliano Pullaro, se propone mejorar la atención de la salud de los empleados públicos, el mecanismo de licencias y ausentismo y el seguimiento de accidentes laborales.
En las últimas horas, el Gobierno santafesino avanzó con la última instancia de la licitación del Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (Sipsal). Con una única oferta económica, se firmará el acta de preselección y dará lugar a la posterior adjudicación. Luego comienzan a correr los plazos de 60 días para la puesta en marcha. Por lo que, probablemente, se ponga en funcionamiento en septiembre.
La oferente es SML Consultores Médicos, una firma en gestión y auditoría de salud y riesgos del trabajo a manos del Grupo Werthein que tendrá a su cargo el esquema que unifique el control de las licencias médicas y las prestaciones vinculadas a la salud de todos los agentes del Poder Ejecutivo provincial, organismos descentralizados y empresas estatales.
La firma pertenece a la familia Werthein, dueños de un conglomerado de empresas y ligados al gobierno de Javier Milei: Gerardo Werthein estuvo a cargo de la Cancillería de la administración de La Libertad Avanza.
Según el gobierno de Santa Fe, este sistema acortará los tiempos y la burocracia (médicos, sellados, talonarios). Por otra parte, tanto especialistas como gremios advierten un doble desplazamiento: del paradigma de salud al de control y del ámbito público al privado.
Críticas
Desde la seccional rosarina de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) sostienen que el sistema “rompe el concepto integral de salud” para empleados públicos. “Las definiciones del Gobierno de Maximiliano Pullaro en torno a salud laboral impactan de lleno en la vida de 156.057 agentes estatales. Sobre ellos y ellas pesará la decisión de tercerizar las dependencias de salud laboral a una empresa privada, para que se encargue de la gestión y administración de las licencias vinculadas a accidentes laborales”, manifestaron.
Para el sindicato, “lejos de una perspectiva humana”, el objetivo que persigue el Ejecutivo santafesino consiste en reducir el ausentismo del 15% al 10%: “El costo sanitario del guarismo es desplazar el rol del médico tratante en enfermedades. Se pretende reorganizar desde un parámetro numérico el mecanismo de licencias y el seguimiento de los accidentes laborales”.
“Pullaro ni siquiera disimuló, está claro que lo que menos se tiene en cuenta es la salud de las y los trabajadores. Al gobierno no le interesa hacer un trabajo de prevención o promoción de salud, sino que lo único que le importa es bajar el ausentismo, que es producto de las malas condiciones de trabajo que padecemos”, sostuvo la Secretaria General de esa seccional, Lorena Almirón.
Desde la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe), a su turno, advirtieron que “bajo el argumento de reducir el ausentismo, se avanza hacia mecanismos de control y tercerización que dejan de lado cualquier política integral de salud laboral y profundizan una lógica de ajuste y disciplinamiento”. También cuestionaron la adjudicación del control de licencias: “Una empresa privada pasará a intervenir sobre un derecho laboral de miles de trabajadores y trabajadoras de la educación”.
Además, desde el gremio denunciaron un negocio garantizado para la empresa ya que la licitación establece actualizaciones trimestrales y cláusula gatillo. “Mientras tanto, los docentes seguimos sufriendo una política salarial sin recuperación real del poder adquisitivo”. Para Amsafe “solo importa una cosa: bajar números, reducir licencias y ajustar”.
Cómo funcionará
A inicios de este año, funcionarios del Gobierno santafesino presentaron el sistema como un pasaje del modelo de autogestión del trabajador -donde el empleado debe realizar una gran cantidad de trámites-, a “uno innovador y tecnológico” que “simplificará la solicitud de licencia” al trabajador en momentos de enfermedad y accidente.
Las funcionarias detallaron que actualmente el trabajador debe notificar a su área de trabajo dentro de las dos horas de inicio de la jornada, concurrir a una guardia o centro médico para que lo vea un profesional, solicitar el certificado, estampillar y presentarlo dentro de las 72 horas en los lugares donde presta servicios.
El nuevo método, indicaron, permitirá a través de un sistema tecnológico (App, WhatsApp, o 0800) la notificación del trabajador, a partir de allí un profesional se contactará y le hará preguntas para evaluar la situación de la enfermedad, optando por una atención a través de la telemedicina o la derivación con turno asignado a un centro de salud.
Además es el propio médico quien establece la patología y determina los días de licencia, cargándolos directamente al sistema, mediante el cual se notifica directamente al área del trabajador.
Los funcionarios también destacaron que el sistema se organiza en cinco módulos que actúan de manera articulada:
• Plataforma tecnológica y servicio operativo, con digitalización, integración de datos y trazabilidad de cada caso. “Inicia con la denuncia del trabajador con el motivo de la licencia por causas médicas, las que se tomarán dentro de las 24 horas, brindándole asistencia a la consulta durante todo el trámite hasta el alta médica”, explicó la técnica de la secretaria de Vinculación Territorial, Karin Nebel.
• Servicio de control médico y salud laboral, con evaluaciones integrales y seguimiento continúo. “Luego de su denuncia, cualquier trabajador que manifieste una enfermedad, podrá tener atención médica inmediata con prácticas ambulatorias y provisión de medicamentos”, agregó Nebel.
• Prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con atención adecuada y articulación con el sistema de riesgos del trabajo.
• Juntas médicas, con evaluaciones interdisciplinarias y criterios homogéneos.
• Exámenes médicos periódicos, orientados a la prevención y a la detección temprana. “Se podrán dar a partir de criterios médicos, campañas específicas o por alertas epidemiológicas”, finalizó Nebel.
Qué es el Sipsal
Creado mediante el Decreto N.º 1838/2025 e instrumentado a través de la Licitación Pública Nº 01/2026 –con un monto original de 23.841 millones de pesos–, el Sipsal alcanza a una base de 156.057 agentes. Se incluye a personal civil, docentes, policías, profesionales de la salud, trabajadores viales, API-Catastro, Fiscalía de Estado, pasantes y becarios. El contrato se proyecta por dos años, con opción a un tercero.
Al proceso licitatorio se presentó un único oferente: SML Consultores Médicos S.A., firma vinculada a Experta ART, del Grupo Werthein. La empresa superó la evaluación técnica y el proceso avanza hacia la apertura de la oferta económica. El precio base partió de una suma superior a los 6.300 pesos por empleado, con actualizaciones trimestrales según un mix de aumentos salariales e inflación.
El esquema se organiza en cinco módulos: plataforma tecnológica y servicio operativo, control médico y salud laboral, prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, juntas médicas y exámenes periódicos. El objetivo cuantificado por la propia gestión consiste en reducir el ausentismo del 15 al 10 por ciento, con un ahorro estimado en 170.000 millones de pesos anuales. La implementación será escalonada: comienza por Fiscalía de Estado, API, Catastro y la ex Dipos, continúa con los profesionales universitarios de la salud, luego los docentes y, finalmente, el personal policial.
