La Legislatura de Santa Fe revisará este jueves una iniciativa del oficialismo que busca sancionar los discursos de odio. El proyecto ya obtuvo media sanción en el Senado, pero encontró resistencias en la Cámara baja. Según el diputado Fabián Palo Oliver, “puede terminar afectando el derecho a criticar a las autoridades”.
La Cámara de Diputados de Santa Fe frenó el tratamiento del proyecto de ley que buscaba sancionar los denominados “discursos de odio”. Sin embargo, la iniciativa del oficialismo, con media sanción en Senadores, será revisada este jueves por la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General: una instancia clave para intentar salir del bloqueo.
El proyecto que busca declarar a Santa Fe “territorio libre de discriminación y discursos de odio” fue aprobado por unanimidad en la Cámara alta en junio. La iniciativa surgió de la Mesa de Diálogo Santafesino, un espacio que reúne a líderes religiosos católicos, evangélicos, islámicos y judíos, y fue impulsada por el legislador Felipe Michlig.
Si bien el proyecto fue presentado como una medida que busca “consolidar los consensos democráticos y el respeto mutuo” mediante la implementación de campañas de sensibilización social, la normativa prevé además la incorporación de una figura específica dentro del Código de Convivencia provincial para sancionar de manera efectiva “conductas que inciten a la hostilidad o la violencia”.
El trámite resultó más complicado en la Cámara baja. La iniciativa obtuvo dictámenes de las comisiones de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda, pero quedó pendiente su paso por Asuntos Constitucionales, que preside la socialista Lionella Cattalini. Es allí donde este jueves se buscará encontrar una fórmula que permita destrabarla.
El texto aprobado por el Senado propone modificar el Código de Convivencia de Santa Fe mediante la incorporación de un artículo 62 bis para castigar a quienes incurran en conductas calificadas como discursos de odio.
La sanción prevista es una multa de 60 unidades JUS (actualmente, unos $8.688.182), pero puede ser reemplazada por la realización de un curso de abordaje interdisciplinario.
El otro problema es qué se considera discurso de odio, cómo definir con suficiente precisión qué expresión queda alcanzada por la ley. El proyecto menciona expresiones verbales, escritas, simbólicas, audiovisuales o digitales que “inciten, promuevan, justifiquen o naturalicen” la discriminación, la hostilidad, la violencia o el menosprecio hacia una persona o grupo.
Entre los motivos enumerados aparecen la “raza”, el color, el origen étnico o nacional, la nacionalidad, la religión o las creencias, el género, el sexo, la orientación sexual, la identidad o expresión de género, la discapacidad, la condición socioeconómica, el estado de salud y la edad, además de una fórmula abierta para contemplar otras características personalísimas.
“Puede terminar afectando la libertad de expresión”
El diputado Fabián Palo Oliver, una de las voces críticas al proyecto, señaló que “la Ley de Odio combinada con cibervigilancia y sanciones, puede terminar afectando la libertad de expresión y el derecho a criticar a las autoridades”.
Según el legislador del bloque del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), la iniciativa del gobierno de Maximiliano Pullaro está en el marco de “un combo de leyes que tienen la intención de que haya control social” y con fines represivos. “Es una ley que está hecha para controlar y para impedir la libertad de expresión”, afirmó en una entrevista.
El diputado provincial remarcó que ya existen leyes que reprimen la xenofobia, el racismo, la discriminación y tipificaciones penales para daños morales. “Entonces no necesitás esa ley y menos como está planteada”, remarcó.
Palo Oliver advirtió que la iniciativa podría habilitar un mayor cyber patrullaje y allanamientos, además de la multa.
“Nosotros estamos muy preocupados por las medidas que está tomando Pullaro, que está cada vez más lejos de un estado democrático y se parece cada vez más a un estado totalitario”, enfatizó.
