“El único argumento de tan regresiva propuesta, que no fue anunciada en periodos electorales, es el ya famoso déficit de la Caja, que para nosotros es ficticio o coyuntural, por estar generado principalmente por la creciente deuda de Nación con las provincias”, dijeron en conferencia de prensa.
Esta tarde, tres centrales gremiales junto a sus sindicatos de base -cuyos trabajadores aportan a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe- solicitaron “públicamente y por nota” una audiencia a los cuatro bloques de senadores de la Legislatura. La convocatoria es para “debatir el Mensaje de Ejecutivo 5115/24, cuya finalidad es declarar la emergencia previsional y sancionar reformas regresivas al sistema previsional”.
La conferencia de prensa fue convocada por la CTA Santa Fe, CGT Regional Santa Fe y la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram), junto a sus sindicatos de base (organizaciones nucleadas en la Comisión Intersindical de Servidores Públicos -CISEP-). “Con tratamiento ‘exprés’, y sin pasar por comisiones, la Legislatura se apresta a votar un proyecto donde las y los trabajadores hagamos más aportes, trabajemos más años y tengamos un menor haber jubilatorio”, sintetizaron en un comunicado.
“El único argumento de tan regresiva propuesta, que no fue anunciada en periodos electorales, es el ya famoso déficit de ‘La Caja’, que para nosotros es ficticio o coyuntural, por estar generado principalmente por la creciente deuda de Nación con las provincias”, afirmaron.
“Todos estos intentos de reformas y el incumplimiento de la obligación de la Nación, de transferir impuestos ya recaudados por la AFIP con destino especifico a las Cajas provinciales, son la antesala de la entrega de la previsión social a los capitales financieros que quieren volver a estafar al pueblo con las AFJP, como en los años 90”, asentaron en el breve escrito.
Por otro lado, anunciaron una concentración frente a la Legislatura de Santa Fe para el jueves a las 14: “Para ser protagonistas del debate que pone en riesgo la calidad de vida de miles de trabajadores y la prestación de servicios por parte del Estado santafesino”.
