Advierten sobre el “grave retroceso” que implicaría la derogación del Estatuto del Periodista

Miles de periodistas de todo el país, gremios de prensa y organizaciones como Fopea rechazaron la eliminación de la legislación que protege la actividad, incluida en el proyecto de reforma laboral.

Más de tres mil periodistas de reconocida trayectoria, “con diversas miradas sobra la realidad política y económica del país y con distintas situaciones laborales, firmaron una solicitada que fue difundida esta semana. El breve texto solicita a las y los legisladores del Congreso de la Nación que “rechacen el intento de derogación del Estatuto del Periodista Profesional y del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas, que consagran derechos individuales, profesionales y colectivos”.

“Su derogación significaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática de nuestro país. Quienes firmamos esta solicitada estamos abiertos a cualquier debate sobre las normas laborales en prensa y nunca tuvimos objeciones en discutir en un ámbito democrático su modernización. Pero nos oponemos tajantemente a una derogación, sin mediar ningún tipo de debate en el que quienes ejercemos el periodismo tengamos participación”, expresaron en el escrito.

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Además, el miércoles, muchos de esos periodistas, junto a representantes de 23 sindicatos de prensa del país y legisladores nacionales de distintos bloques opositores presentaron oficialmente la solicitada y realizaron una conferencia frente al Congreso. 

“Error histórico”

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) también se manifestó formalmente e hizo llegar una nota a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, presidida por Patricia Bullrich. 

En el documento, Fopea transmitió su “profunda preocupación ante el inminente tratamiento legislativo que propone la derogación del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908)”.

Desde la organización aclararon que “si bien se entiende que el Congreso se apresta a debatir modificaciones regulatorias profundas, advirtió que la eliminación de esta norma —pilar fundamental para el ejercicio uniforme de la profesión— y no su revisión y actualización, constituiría un error histórico y un grave retroceso para la calidad institucional y la independencia del periodismo argentino”.

En su presentación, se fundamentó el rechazo a la derogación basándose en los siguientes ejes legales y jurisprudenciales:

• Principio de Progresividad (Causa “Milone”): La derogación del Estatuto implicaría una regresividad en materia de protección al trabajo de los periodistas y a la libertad de expresión, violando el principio de progresividad que integra el bloque de constitucionalidad federal y que veda al legislador la posibilidad de adoptar medidas injustificadamente regresivas. En la causa “Milone”, el máximo tribunal dio firmeza al principio de no regresión en materia de derechos fundamentales. Aún más, a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados han reconocido el derecho de toda persona a una mejora continua de las condiciones de existencia.
• Protección de la Libertad de Expresión y acceso a la información (Causa “Monzón”): Lejos de tratarse de una cuestión meramente laboral, el Estatuto contiene normas protectorias de la libre expresión (Art. 5 y 29). El artículo 13 determina claramente el libre tránsito y acceso a fuentes. En 1995, la CSJN sentenció en el juicio “Monzón, Florencio” que debía permitirse a un periodista el acceso a un expediente judicial archivado, considerando como única norma fundamental la Ley 12.908.
• Constitucionalidad de la indemnización agravada (Causa “Roca”): El artículo 43 establece una indemnización agravada para proteger la estabilidad del periodista, definida en el artículo 38 como “base esencial de esta ley”. La Corte Suprema afirmó la validez constitucional de esta norma (Fallos 282:230, “Roca, Mario c/Análisis SA”), entendiendo que no constituye un privilegio ni una diferenciación arbitraria.
• Igualdad ante la Ley: La Corte sostuvo reiteradamente que “la circunstancia de que las leyes establezcan regímenes distintos de indemnización con referencias a diferentes actividades, no autoriza la invocación de la garantía de igualdad ante la ley para uniformarlos” (CSJN, 14/06/1957). No corresponde a los tribunales decidir sobre el mérito o conveniencia de la legislación estatutaria.

En definitiva, resumieron desde Fopea, el sentido social de la labor periodística, el carácter de interés general para toda la comunidad que supone la información y su papel en el funcionamiento, preservación y profundización del sistema democrático, han sustentado —y sustentan— la aplicación de esta ley que el actual Gobierno se propone suprimir invocando la existencia de un presunto “fuero especial” que desconoce la esencia del trabajo de prensa. Precisamente, la Cámara Nacional del Trabajo ha enfatizado que “no puede cuestionarse la facultad legislativa de someter a determinada actividad profesional a normas específicas que contemplando sus particularidades y el interés social, acentúen la protección que le es debida” (CNAT, Sala V, 30/11/1972).

¿Cuál sería el impacto de la derogación?

Desde el Foro de Periodismo sintetizaron los cuatro riesgos principales de esta medida:

1. Derechos adquiridos e identidad profesional: Su caída haría desaparecer las incumbencias profesionales y la propia definición deontológica de qué significa ser un periodista en Argentina.
2. Fragmentación federal: Favorecería la consolidación de un sistema desigual que ya afecta a la profesión. Al debilitar la base común nacional, esto derivaría en profesionales de primera y de segunda según sus condiciones legales y en una fragmentación total, algo que desde Fopea se cuestiona.
3. Protección de fuentes: La degradación de las condiciones de trabajo y la pérdida de la indemnización agravada se convierten en un obstáculo para la libertad de expresión y la protección de fuentes, potenciando la autocensura.
4. Calidad informativa: Derogar el Estatuto es nivelar hacia abajo, facilitando la proliferación de contenidos sin rigor ni responsabilidad editorial en tiempos de desinformación.

Finalmente, Fopea fue enfática en una distinción crucial: “defender la vigencia del Estatuto no implica desconocer sus anacronismos”. La organización entiende que la Ley 12.908 “contiene capítulos vetustos y carencias respecto a las nuevas tecnologías y las dinámicas digitales”.

“Pero la obsolescencia de ciertos artículos no valida la derogación de la norma. La solución no es el vacío legal, sino el debate parlamentario serio y participativo para una reforma que modernice la ley, adaptándola al siglo XXI, pero conservando el espíritu de protección y de estabilidad profesional. Eliminar la ley por sus defectos de antigüedad es dejar a la profesión a la intemperie”, subrayaron.

Finalmente, la organizacióninstó a los espacios políticos a “evitar decisiones apresuradas y a propiciar el intercambio necesario para actualizar la norma frente a las nuevas dinámicas de la profesión”. Dado el carácter federal de la organización y su representatividad en todo el país, consideró fundamental garantizar un espacio de debate que refleje esta amplitud territorial, poniéndose a entera disposición para profundizar estos puntos en una reunión urgente.