Entre 2024 y mayo de 2026, Nación recaudó $375.400 millones asignados a obras hídricas, pero sólo ejecutó $116 mil millones, según información oficial. El resto lo utilizó para inversiones en deuda del Tesoro nacional. Crece la incertidumbre ante la llegada de El Niño.
El precio de la nafta incluye un monto de casi del 15% en el precio final que tiene como destino, entre otros, el de realizar las obras para evitar inundaciones en campos y pueblos. Sin embargo, al 6 de abril de 2026, el fondo que se alimenta de este impuesto tenía $34.922 millones en cuentas a la vista y otros $258.000 millones en Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos. Es decir que el 88% del dinero del fondo está prestado al Estado nacional.
La ley 26.181 del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica establece que el Estado debe garantizar la “intangibilidad de los bienes” del fideicomiso y la estabilidad del impuesto, que “no constituye recurso presupuestario alguno” y sólo puede destinarse a los fines establecidos por la propia norma. Entre ellos figuran las obras hídricas, la recuperación de tierras productivas, la mitigación de inundaciones y el saneamiento. Las Letras del Tesoro no aparecen entre esos destinos.
Financiamiento al Tesoro en lugar de obras hídricas
El Fondo de Infraestructura Hídrica fue creado por decreto en 2001 y ratificado por ley en 2006, y se fondea con el 4,3% de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).
Según la normativa vigente, lo recaudado tiene afectación específica (es decir, se debe invertir sólo para los usos establecidos por ley) para “el desarrollo de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica, de recuperación de tierras productivas, de control y mitigación de inundaciones”.
El decreto aprobado en 2001 autorizaba al Gobierno a invertir los recursos líquidos del fideicomiso en depósitos a plazo fijo de bancos oficiales nacionales. Pero en 2025 la actual gestión dispuso que los fondos se destinen a la licitación de deuda del Tesoro nacional.
Es decir que una parte de esos fondos, que deberían utilizarse para la realización de obras hídricas, se destinan para reforzar el “equilibrio fiscal”, tal como reconoció el vocero presidencial, Adrián Ravier, en declaraciones a El Diario Digital de La Pampa. El foco se puso sobre este sector ante las alertas por la llegada de El Niño.
El Tesoro también usa otros impuestos para financiarse
El ICL es un impuesto nacional que grava la compra de combustibles y, a diferencia de la mayoría de los tributos, establece un monto fijo en lugar de un porcentaje. En agosto de 2026 el monto fijo establecido por el Gobierno es de $387,7 por litro de nafta (es decir, más del 15% del precio final) y de $294,1 por litro de gasoil.
En lo que va de la gestión de Javier Milei, el ICL recaudó, a precios actuales, casi $15 billones, y en los primeros siete meses de este año el tributo registró un incremento real (es decir, considerando la inflación) del 22,2% con respecto a igual período de 2025 y el 93,7% respecto de los primeros siete meses de 2023.
Del total recaudado, el 28,69% se destina a la ANSES; el 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte; el 15,07 al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi); el 10,4% al Tesoro nacional y otro 10,4% a las provincias; el 4,31% a obras hídricas y un 2,55% al fondo de compensación de transporte público.
Al igual que ocurre con los recursos para la infraestructura hídrica, el Fideicomiso de Infraestructura del Transporte también fue subejecutado. Este fondo se divide, a su vez, en tres programas, destinados a financiar obras de infraestructura vial (Sisvial) y compensaciones al transporte de colectivos (Sistau) y ferroviario (SIFER).
De acuerdo con lo informado por el Gobierno, el Sisvial recibió $827 mil millones entre 2024 y 2025, pero la Dirección de Vialidad Nacional (encargada de la ejecución del fondo) realizó obras por $381 mil millones (el 34% del total).
Este domingo, Hugo Alconada Mon reveló en La Nación que, de $1,5 billones recaudados (este cómputo incluye datos parciales de 2026), se ejecutó sólo una cuarta parte y más de $1 billón fue destinado a inversiones financieras.
En el caso del SIFER, se recaudaron $332.500 millones y se repartieron en compensaciones a las empresas ferroviarias por $230.700 millones (el 69,4% del total). Mientras que los giros a las empresas de colectivos superaron ampliamente los $634 mil millones recaudados.
