Un relevamiento realizado por investigadores del Conicet y la UBA muestra un mapa con niveles críticos de extranjerización en regiones estratégicas. El trabajo advierte que en un contexto global marcado por tensiones en torno al agua y la energía, el gobierno nacional busca modificar la Ley de Tierras.
Luego de los buenos resultados que obtuvo en las elecciones legislativas, y con la asunción de los nuevos diputados y senadores que reconfiguraron el Congreso, el Gobierno nacional envió proyectos que considera clave, como el de reforma laboral o la modificación de la Ley de Glaciares. Entre ellos, la administración de Javier Milei buscará la derogación definitiva de la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, más conocida como Ley de Tierras (N° 26.737).
La legislación sancionada en 2011 fijó un límite de extranjerización de tierras de un 15% de la superficie a nivel provincial y departamental y fortaleció mecanismos de control para evitar triangulaciones sin supervisión estatal.
En medio de esta avanzada del oficialismo, el Observatorio de Tierras —integrado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)— publicó un relevamiento que da cuenta del proceso de extranjerización del territorio argentino. El trabajo forma parte del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (MILPA).
Según el trabajo, alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras. En superficie, esto supera los trece millones de hectáreas: el equivalente a la extensión de la provincia de Santa Fe o de un país como Inglaterra.
“Pero el dato nacional, aunque impactante, no es el más relevante. La verdadera dimensión del fenómeno aparece cuando bajamos la escala y miramos por departamento, o cuando cruzamos la información con la ubicación de cursos de agua, acuíferos o zonas con potencial minero”, aclararon Julieta Caggiano y Matías Oberlin, investigadores del Observatorio de Tierras.
Según los resultados del relevamiento, existen 36 departamentos que ya exceden el límite fijado por la ley. Y hay cuatro casos –Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta)– donde la extranjerización supera el 50%. Los investigadores subrayan que todos ellos concentran bienes estratégicos como agua dulce o recursos minerales. A su vez Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires) —todas localidades sobre la principal vía fluvial navegable del país, el río Paraná— superan ampliamente el 30%.
En Santa Fe, un departamento que sobresale es el de Garay. Allí, el relevamiento indica que del total de 391.776 hectáreas, 61.629 están en manos de extranjeros. Es decir, el 16% de las tierras.
“El patrón es claro: las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas —tanto en el norte como en la cordillera— y en territorios con recursos hídricos, mineros o ventajas logísticas como puertos”, señalaron. La información se puede consultar y visualizar en el mapa georeferenciado que realizó el Observatorio.
¿Quiénes son los dueños de la tierra?
En cuanto a las nacionalidades de los principales poseedores de tierras, el listado es encabezado por ciudadanos de Estados Unidos, con más de 2,7 millones de hectáreas. Le siguen Italia y España. Solo estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada. Para dimensionarlo, desde el Observatorio de Tierras graficaron que los estadounidenses poseen una superficie mayor que la provincia de Tucumán.
“La derogación apunta a habilitar compras en zonas con un valor natural y estratégico excepcional. Lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, áreas fronterizas sensibles, regiones a la vera de los grandes ríos o asentadas sobre acuíferos que abastecen a millones de personas. En un contexto global marcado por tensiones en torno al agua y la energía, permitir la expansión extranjera sobre estas áreas supone que el Estado argentino reduzca su capacidad de responder a las necesidades de su población de manera soberana”, advirtieron Caggiano y Oberlin.
Los investigadores insistieron en que se busca derogar la Ley de Tierras en un escenario internacional de creciente disputa por recursos estratégicos. “El reciente corolario de Trump a la Doctrina Monroe expresa un cambio en la estrategia estadounidense a nivel regional, orientado a asegurar su acceso a los recursos naturales en América Latina. En ese marco, estas decisiones pueden leerse como una redefinición de quién controla territorios clave hacia adelante”, analizaron.
“Definir qué se puede vender y qué no, y bajo qué reglas, no es una cuestión de carácter administrativo: ordena el acceso a recursos que son centrales para la vida cotidiana y para cualquier proyecto de desarrollo. Por eso, en un momento de presión creciente sobre estos territorios, desarmar las protecciones existentes —que se sostuvieron durante décadas sobre la base de una visión a largo plazo del territorio y sus recursos— no es neutral: reconfigura quién decide, quién accede y quién queda afuera en algunos de los espacios más sensibles del país”, concluyeron los investigadores de la UBA y el Conicet.
