El Ejecutivo nacional envió al Congreso la propuesta para reemplazar la legislación anterior. La iniciativa propone un aumento de los cortes obligatorios, sin embargo lo que “podría parecer una mejora para el sector” es visto con temor para el sector pyme. Desde la Cámara de Productores de Biocombustibles (Carbio) advirtieron que, tal como está redactado, “decreta el cierre de 25 plantas” en Santa Fe.
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para reemplazar la Ley Nacional de Biocombustibles que propone un aumento de los cortes obligatorios, la implementación de rondas de negociación en un mercado electrónico, la habilitación de vehículos “flex fuel” y el uso de biometano.
En el caso del biodiésel, propone incrementar el corte obligatorio con gasoil del 7,5% al 10% en un plazo de un año posterior al de la sanción de la ley, aunque se indica que el gobierno puede modificar dicho porcentaje “cuando lo considere conveniente en función de asegurar el abastecimiento de la demanda ante situaciones que afecten el mercado interno o por cuestiones técnicas y/o de calidad”.
La mezcla obligatoria no regirá para transporte fluvial y marítimo, minería, gasoil antártico y zonas frías patagónicas, formulación de lodos de perforación en yacimientos petroleros y centrales eléctricas.
En lo que respecta a bioetanol, el proyecto determina que el corte obligatorio del 12% pasará al 15% luego de un año de vigencia de la norma, aunque, al igual que en el biodiésel, la proporción podrá ser incrementada por el gobierno de manera discrecional cuando se considere necesario.
La iniciativa dispone implementar un “mercado electrónico” (plataforma digital) que “concentre la comercialización de manera única, transparente y de acceso público, administrado por un organismo independiente con experiencia comprobada en negociación de productos energéticos y bajo estándares internacionales de comercio”.
Los cupos se asignarán a partir de rondas de negociación en la cual participarán proveedores de biodiésel y bioetanol; en este último caso, la proporción deberá ser asignada en partes iguales a productores en base de caña de azúcar y maíz. También se tendrán en cuenta aspectos geográficos “a fin de lograr competitividad y eficiencia en los costos logísticos”.
“La autoridad de aplicación determinará conjuntamente con los elaboradores y mezcladores la modalidad más adecuada a aplicar a la negociación”, señala el proyecto.
Además se indica que “los elaboradores y mezcladores podrán, de manera opcional y de común acuerdo, establecer contratos a término para los volúmenes de biodiesel o bioetanol destinados al cumplimiento de la mezcla obligatoria, siendo estos contratos de libre negociación y contractualización en precio, plazo y otras condiciones comerciales afines”.
En lo que respecta a precios de comercialización ofertados, no podrán superar los valores de paridad de importación tanto de biodiésel como de bioetanol. “A los efectos de su determinación, el organismo independiente elaborará y publicará una metodología de cálculo y los resultados obtenidos en cada oportunidad, previo a la realización de los ejercicios mensuales de comercialización”, señala el texto.
La propuesta habilita a los mezcladores a usar cortes superiores a los obligatorios “hasta el límite que impongan las normas técnicas en vigencia”, para lo cual podrán comprar volúmenes adicionales de biocombustibles “a cualquier empresa elaboradora”.
Un aspecto importante es que autoriza la circulación de vehículos con motores flex fuel para el uso de bioetanol y biodiésel en mezclas con cortes superiores a los porcentajes obligatorios establecidos en la ley, “en función de las tecnologías automotrices disponibles, resultando aplicable tanto para vehículos nuevos como modificados conforme a la normativa reglamentaria que desarrolle la autoridad competente”.
También determina que podrá disponerse la libre incorporación de surtidores adicionales con cortes incrementales de biocombustibles a los obligatorios por parte de las empresas expendedoras de combustible o cualquier otra boca de expendio, “sin otro requisito que el cumplimiento de las reglamentaciones técnicas respecto de la calidad de combustibles establecida por la autoridad de aplicación, así como de la normativa correspondiente a la habilitación y la seguridad de las mismas”.
La norma especifica que los biocombustibles destinados al cumplimiento del porcentaje de mezcla obligatoria con combustibles fósiles deberán haber sido elaborados en plantas habilitadas instaladas en la Argentina y a partir de materias primas de origen nacional.
De todas maneras, se indica que la autoridad de aplicación podrá autorizar la importación de biocombustibles en caso de constatarse que el precio de paridad de referencia “fuera inferior al precio ofertado para la compra de biocombustibles y/o sus materias primas de origen nacional”. En tal caso, los biocombustibles importados se equipararán, a efectos impositivos, a los nacionales.
Rechazo de los productores de biocombustibles
La Cámara de Productores de Biocombustibles (Carbio) rechazó el proyecto y advirtió que, tal como está redactado, “decreta el cierre de 25 plantas” en Santa Fe. Así lo afirmó el presidente de la entidad, Marcelo Kusznierz, quien cuestionó la falta de consulta al sector pyme y denunció una fuerte presión del lobby petrolero.
Kusznierz sostuvo que, aunque en un primer momento la iniciativa “podría parecer una mejora para el sector” por el aumento en el corte obligatorio, al analizar el texto “te das cuenta que esto, por lo menos para las pymes de la República Argentina, es realmente un proyecto que atrasa”.
Según explicó, el proyecto “abre las puertas en un corto lapso a una competencia totalmente discriminatoria hacia las pymes” y permite a las petroleras avanzar con el “coprocesamiento” en refinerías, mezclando petróleo con aceites vegetales, principal insumo del biodiésel.
“Es un proyecto improvisado. Las pymes ni siquiera fuimos consultadas, o si fuimos consultadas, todas las recomendaciones que dimos no fueron tenidas en cuenta”, remarcó el representante empresarial.
El sector proponía un esquema similar al de Brasil, según explicó el dirigente, con “licitaciones transparentes” y una suba progresiva del corte obligatorio hasta el 15%. “Queremos mirarnos en el espejo de Brasil, para nosotros es un ejemplo de cómo creció la industria del biodiésel”, ponderó.
En ese sentido,reclamó una segmentación entre empresas integradas y no integradas, similar a la que existe en el bioetanol entre productores de caña y de maíz. Kusznierz también apuntó contra una eventual apertura del mercado en plazos cortos. “Ese plazo es muy exiguo para que las plantas puedan crecer en volumen o reconvertirse. Pedimos por lo menos 10 años para una liberación total del mercado”, agregó.
La medida tiene mucho impacto en Santa Fe, ya que la provincia concentra el 82% de la capacidad productiva de biodiésel del país. Por eso mismo, el dirigente del sector anticipó gestiones con legisladores nacionales y funcionarios provinciales para modificar el capítulo vinculado a biocombustibles.
