La ingeniera agrónoma Virginia Aparicio coordinó una investigación internacional que detectó presencia de plaguicidas en muestras humanas y ambientales en Argentina y otros países, pero el organismo le prohibió difundir los resultados locales. Su abogado afirma que el expediente propone su exoneración y el gremio APINTA reclamó libertad para investigar.
La ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Conicet en la Estación Experimental Balcarce, enfrenta un sumario administrativo por su rol como coordinadora argentina del Proyecto SPRINT, que midió residuos de plaguicidas en el ambiente, los alimentos, los animales y las personas. Según su abogado, Mario Bolla, el expediente propone su exoneración, la sanción más grave del empleo público nacional, que implicaría perder el cargo e impediría reingresar a organismos del Estado.
Aparicio, quien lleva más de veinte años trabajando en la Estación Experimental Balcarce, asegura que esta posible sanción surgió cuando encontraron los primeros datos de su investigación. En un reportaje con el sitio especializado Bichos de Campo, aseguró: “Tenemos algunos plaguicidas que aparecen contundentemente en todas las matrices, en todas las muestras, tanto en suelo como en la sangre de los individuos, en la materia fecal, en la orina, en los hisopos nasales, en las pulseritas que les pusimos para usar, pero también en las matrices biológicas animales”.
Y remarcó: “Estamos conviviendo con plaguicidas. Y no es Argentina: conviven también los italianos, los de Países Bajos, los españoles”. De todos modos, la investigadora aclaró que medir la presencia de un compuesto no equivale a demostrar un daño a la salud, pero que sin medición no se puede evaluar la exposición ni corregir prácticas.
El proyecto SPRINT fue aprobado dentro del programa Horizon 2020 de la Unión Europea y comenzó en septiembre de 2020, con Argentina como único país extracomunitario. La primera etapa buscó 209 plaguicidas en muestras de once países; en el país participaron 73 personas de ciudades, pueblos y establecimientos agropecuarios. Según Aparicio, el proyecto pasó por las instancias institucionales del INTA, que lo difundió en sus primeros años.
Los resultados estuvieron disponibles en 2023 y ese año el vínculo se quebró. Según reconstruyó Bichos de Campo, en junio el INTA le prohibió a Aparicio difundir las mediciones y frenó una reunión para devolver los resultados a los participantes; en diciembre, bajo la presidencia de Mariano Garmendia, el organismo se retiró del proyecto. Dentro del INTA y de parte del sector agropecuario había cuestionamientos al enfoque europeo y temor a que los datos se usaran para demonizar a la agricultura local.
El sumario
Según la investigadora, a fines de 2024 hubo consultas internas sobre sus funciones en SPRINT y a comienzos de 2025 fue citada a declarar. Bolla detalló que se le imputan ocho hechos, entre ellos un supuesto perjuicio material grave para la administración pública, que la defensa rechaza al recordar que el financiamiento fue europeo. Agregó que otros investigados por su intervención institucional recibieron propuestas de sanción mucho menores. Si se confirma la exoneración, anticipó, recurrirán a la Justicia contencioso administrativa federal.
Aparicio atribuye el proceso a la aparición de los datos y describe un clima de aislamiento: “Parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA”. Ella y su abogado creen que la sanción ya está decidida por la conducción actual del organismo y sostienen que casi no tuvieron oportunidad de defensa. El INTA está presidido por Nicolás Bronzovich, designado con vigencia desde el 3 de septiembre de 2025 (Decreto 684/2025), tras el rechazo del Congreso a reestructurar el organismo.
De todos modos, Aparicio quiere dar pelea y no se resigna a ser expulsada del INTA y el Conicet. “Es el lugar en el que yo me formé trabajando. Me recibí allí de ingeniera agrónoma. Es como mi casa”, afirmó.
Pero más que el tiempo que ahora dedica a defender su propia carrera, dice lamentar el tiempo que perdió para completar aquello que SPRINT había comenzado. “Le sacamos un montón de tiempo al sector agropecuario de entender qué tenía y trabajar en las soluciones posibles, o quedarse tranquilo de que lo venía haciendo bien y no había que solucionar nada”, afirmó en la entrevista con el periodista Matías Longoni.
“Me distrajeron tanto de mi foco de trabajo, me rompieron mis redes laborales. Acá un productor al que yo le prometí que le iba a decir cómo daba su medición, al que le iba a sugerir cosas por mejorar, lo abandoné porque me tuve que empezar a defender”, lamentó.
Después de más de veinte años midiendo qué sucede con distintas sustancias una vez que salen del bidón y entran al ambiente, Aparicio insiste en que aquella tarea no debería servir para construir previamente un discurso a favor o en contra de los agroquímicos. Debería servir, simplemente, para saber.
“Hay cosas que te pueden parecer gravísimas y que cuando las medís realmente no están tan mal hechas. Y hay cosas que midiendo se pueden mejorar”, insistió.
La postura del gremio
La Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA), el gremio de los trabajadores del INTA, difundió un comunicado en el que expresó “preocupación” por la situación de la investigadora y denunció que atraviesa una situación de “persecución, censura y silenciamiento” dentro del organismo.
En el escrito sostienen que la investigación científica debe desarrollarse con libertad, transparencia y respaldo institucional, y recordaron que la presentación pública de los resultados de SPRINT fue suspendida en 2023 y que luego el INTA finalizó la participación argentina. “No hay INTA fuerte si se silencia a quienes producen conocimiento”, afirma el texto.
“Desde APINTA defendemos el derecho de las y los investigadores a desarrollar su trabajo, comunicar sus resultados y aportar conocimiento a la sociedad”, señalaron desde el gremio, y lanzaron una campaña para juntar firmas en apoyo a Aparicio.
